Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme consideran "vital" que España introduzca nuevas reformas y mantenga "el pulso de las actuales", de forma que conciba todas estas modificaciones como un proceso de cambio "continuado" en el tiempo.
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
En un comunicado para valorar el Programa Nacional de Reformas 2011, los empresarios afirman que los interlocutores sociales han de ser "esenciales" en este proceso, de acuerdo con el compromiso adquirido por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.
Para conseguirlo, estiman que el Gobierno, en colaboración con los interlocutores sociales, debe proceder "cuanto antes" a la modificación del Protocolo de Trabajo, adaptándolo a la estrategia Europa 2020 para aprovechar el máximo potencial del mismo.
Asimismo, resaltan los siete ámbitos prioritarios de reforma que destaca la Confederación de Empresas Europeas en su Eurobarómetro 2011 de las Reformas a emprender en la UE, como la reducción del gasto público y el incremento de la eficiencia del sector público; la mejora de las condiciones para la I+D y la innovación; el apoyo de las políticas activas de empleo; la inversión en políticas públicas efectivas; la reforma de los sistemas de pensiones; la mejora del establecimiento de los regímenes salariales y la eliminación de las barreras normativas y las cargas administrativas a las empresas.
Los empresarios insisten en la necesidad de profundizar en las actuales reformas y emprender otras nuevas dirigidas a modificar la estructura y el peso del gasto del sector público, aumentar la eficiencia de la Administración Pública, dinamizar y modernizar el mercado laboral y homogeneizar y simplificar la legislación que afecte a la actividad empresarial, entre otras cosas.
De la misma forma, pretender reformas para lograr una mayor apertura de los sectores protegidos, impulsar la internacionalización, avanzar en la reforma de la política energética, apoyar a las pymes para que alcancen su pleno potencial de crecimiento y mejorar las ineficiencias y los retrasos en la Administración de Justicia.
Además, piden la elaboración de un plan de reactivación del sector residencial español, el refuerzo del sistema financiero, la corrección del desequilibrio exterior y mejora de la competitividad en favor de la productividad, así como promover una estrategia integral que afecte a todos los sistemas de educación y formación.
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