MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, argumentó hoy que el recurso de anulación presentado por el Gobierno español contra la multa de 151,8 millones impuesta a Telefónica por la Comisión Europea parte de un "problema competencial", al no reconocer Bruselas la capacidad regulatoria de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
"El problema de la empresa no es un tema en el que en sí mismo tengamos que entrar. Lo que quizá si hay un elemento de debate y es que se ha impuesto a Telefónica una multa por unas tarifas reconocidas por la CMT, y lo que nosotros consideramos es que hay un problema competencial entre la capacidad de la CMT para tomar ciertas decisiones y que Bruselas va más lejos no reconociendo esa capacidad de la CMT. Ese es el tema que estamos planteando con Bruselas", afirmó Solbes.
De este modo, el titular de Economía incidió en su intervención en el ciclo de almuerzos "Perspectivas KPMG", organizado en colaboración con Europa Press, que el recurso presentado por el Gobierno español ante el Tribunal de Luxemburgo es por la multa a la operadora, "pero no es exactamente la multa a Telefónica".
No obstante, Solbes afirmó desconocer si el caso está todavía en fase de carta de emplazamiento con la Comisión o ya en el Tribunal. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio anunció hoy que ha presentado un recurso de anulación contra la decisión de la Comisión Europea de imponer a Telefónica una multa de 151,8 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado español de banda ancha.
En un comunicado, Industria explicó que el objeto de dicho recurso no es la defensa de Telefónica, "sino la defensa de las competencias del Estado español en materia de regulación de las telecomunicaciones y de su organismo supervisor, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)".
El recurso presentado hoy se basa en la vulneración por parte de la Comisión de los principios de especialidad, seguridad jurídica y confianza legítima y en la violación del artículo 82 CE y del deber de cooperación.
El Ministerio de Industria alega que el hecho de que las resoluciones de la CMT hayan quedado sin valor como consecuencia de una decisión posterior de la Comisión Europea "genera una inseguridad jurídica y afecta gravemente al interés público y al desarrollo" del sector.
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