Como en el caso Palma Arena, abre diligencias penales porque se adjudicó a dedo, se pagó sin IVA y el proyecto nunca se llevó a cabo.
Los encargos del PP a Santiago Calatrava vuelven a estar en el punto de mira de la Fiscalía, que ha abierto diligencias penales por la posible comisión de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude tributario en la firma de un contrato del Gobierno de Francisco Camps con el arquitecto valenciano.
En concreto, se investiga el proyecto de tres edificios de viviendas junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia ?obra en su mayor parte del propio Calatrava_?, cuyo presupuesto de ejecución era de 335 millones de euros y los honorarios para Calatrava, sólo del anteproyecto, de 15,07 millones.
El proyecto y la maqueta llegaron a presentarse, pero el complejo residencial compuesto por tres torres y un edificio en disposición horizontal nunca se llevó a cabo, a pesar de lo cual Calatrava cobró 2,59 millones. La situación es parecida al caso Palma Arena, en el que el juez ha imputado al expresidente balear Jaume Matas por encargar a dedo al arquitecto un anteproyecto para un palacio de la ópera en Palma de Mallorca. Cobró 1,2 millones y tampoco se construyó. El juez citó como imputado a Calatrava, pero tras tomarle declaración en marzo levantó la imputación y mantuvo la de Matas.
Fueron los diputados autonómicos de Esquerra Unida quienes, al ver el caso de Mallorca, llevaron a la Fiscalía la documentación sobre tres proyectos adjudicados a dedo por los que Calatrava cobró de la Generalitat ?5,9 millones en total? y que no se ejecutaron. Se trata de las tres torres de Valencia, un centro de convenciones en Castellón y la reforma de la dársena del puerto de Torrevieja (Alicante). Cada uno de los casos fue a parar a la fiscalía provincial correspondiente. De momento, sólo la de Valencia ha resuelto abrir diligencias penales.
En el caso de las tres torres, el Síndic de Comptes (tribunal de cuentas autonómico) criticó la ausencia de concurso público y mostró sus dudas sobre la necesidad de este costoso encargo, teniendo en cuenta "las dificultades existentes para la ejecución del proyecto desde el punto de vista urbanístico, de servidumbres aéreas y de disponibilidad de suelo". De hecho el proyecto no se pudo realizar. El Síndic dudó también de que fuera legal que se pagara a Calatrava sin IVA al facturar desde su despacho en Zúrich (Suiza), a pesar de tener una empresa y oficina en Valencia.
En el proyecto de Castellón existe un agravante, y es que Calatrava cobró 2,7 millones sin haber cumplido el contrato, según un escrito de la propia Generalitat. El arquitecto exigió el pago y los dos responsables de firmarlo se negaron, hasta que fueron destituidos.
Los 'trajes a medida' de Calatrava
