MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El ex diputado socialista y ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, considera que la reducción de empleados de Telefónica ilustra las consecuencias de una "globalización desregulada" y ha aconsejado al Gobierno que exija a las grandes empresas multinacionales un "pacto solidario" con España y que sus grandes decisiones sobre el "mercado matriz" español "sean previamente consultadas".
En un artículo publicado en su página personal de Internet, recogido por Europa Press, Sevilla remarca que el anuncio simultáneo de que la operadora recortará un 20% su plantilla en España y que repartirá 450 millones de euros entre sus directivos, es la "otra cara" de la internacionalización de las empresas españolas
"¿Donde quedan los países, cuando sus empresas se hacen multinacionales?", se pregunta Sevilla, quien considera que habrá que invertir más "desde el Estado" en bienes sedentarios, es decir, en aquello que no "puede trasladarse fuera", como el turismo, y "tal vez" apoyar menos a los que "se deslocalizan con facilidad".
¿SIGUEN SIENDO ESPAÑOLAS?
En este sentido, recuerda que sólo entre las grandes empresas del Ibex 35 de la Bolsa, el porcentaje de ingresos generados en el exterior representa ya más del 50%, y se pregunta si estas empresas con accionistas de todo el mundo y que cotizan en varias Bolsas mundiales "siguen siendo españolas".
"¿Qué repercusiones tiene todo esto para quienes vivimos y trabajamos en España?", prosigue Sevilla, quien recalca que estamos en presencia de un fenómeno de "empresas realmente globales" para las que el mercado español "ha dejado de ser lo que era".
Ello pese a que empresas como TELEFÓNICA (TEF.MC)siguen obteniendo en España un porcentaje mayor de beneficios, "aunque de manera decreciente", por lo que su vinculación e implicación con su "país matriz" disminuye, ante el empuje de otros "donde producir a menor coste o vender con mayores márgenes".
Sevilla pone de manifiesto las ventajas de la internacionalización y afirma que gracias a ella "la crisis no ha sido peor", pero añade que no es lo mismo para directivos que para los trabajadores, algo que el Gobierno debe tener en cuenta para, sin dejar de apoyar el proceso, exigir "contrapartidas" a las empresas. "Todo ello debe alterar la actitud del gobierno respecto al fenómeno y sobre todo a las alternativas de política económica".
