Hacienda está dispuesta a revisar los acuerdos previos de valoración establecidos entre las empresas y la Agencia Tributaria para facilitar las declaraciones de los precios de transferencia entre los socios y las empresas de un mismo grupo, según anunció ayer el director de la Inspección de Hacienda, Juan Cano.
Durante su intervención en la clausura de una jornada sobre fiscalidad de las grandes empresas, organizada por Deloitte, Cano indicó que "estos acuerdos deben ser objeto de revisión, en condiciones normales, como lo son en otras muchas jurisdicciones fiscales".
Estas revisiones, añadió el director de la Inspección "las vamos a realizar con toda normalidad". Así, la Agencia Tributaria descarta mantener las actuales valoraciones más allá de los plazos establecidos, tal y como habían solicitado para poder afrontar la crisis una parte del sector de las grandes empresas.
Cano pidió a las grandes empresas lealtad institucional, al "ser elementos muy importantes del sistema económico" y les pidió la mayor transparencia y cooperación en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, "ya que son elementos importantes dentro del sistema económico". A cambio, señaló, "no tenemos que pedir cosas imposibles a las empresas".
Defendió, por tanto, que las relaciones con Hacienda sólo sean conflictivas cuando deban serlo.
Economía sumergida
Cano también se refirió al Plan General de Control 2011 de la Aeat, insistiendo en que se centra en la lucha contra la economía sumergida, mediante la persecución de trabajadores falsamente autónomos y el descubrimiento de personas físicas que no declaren las rentas percibidas, y que además puedan estar percibiendo las prestaciones asistenciales en materia de desempleo o de la Seguridad Social.
También, se sigue insistiendo en el control de los medios de pago, como son los billetes de alta denominación, que han dado muy buenos resultados hasta ahora. Otros objetivos son la subcontratación, el control de no residentes y el régimen de empresarios y profesionales en módulos .
Capítulo aparte supondrá el control de las condenas firmes por delitos tributarios y que tienen deudas con la Administración tributaria. La Inspección ha establecido un amplio seguimiento de estas personas para tratar de saber su trayectoria económica tras la sentencia. Se ha pedido la colaboración a las autoridades judiciales.
No se sumará al plan contra el empleo sumergido
