Tanto el Gobierno británico como el holandés estudian qué medidas tomar tras la decisión tomada ayer por los islandeses de no pagar por la debacle bancaria del país. Ambos países han asegurado que llevarán el caso a los tribunales para recuperar los 3.474 millones de euros que adelantaron a los ahorradores del Icesave, que quebró en 2008.
Tanto Reino Unido como Países Bajos han dejado claro que no hay lugar para nuevas negociaciones con Reykjavik, de forma que la única vía posible es la Justicia internacional.
Además, podrían bloquear la entrada de Islandia en la Unión Europea, que el país solicitó en 2009.
Las reacciones
Ayer, el secretario jefe del Tesoro británico, Danny Alexander, señaló que "parece que el proceso acabará ahora en los tribunales". "Hay un proceso legal en marcha y seguiremos con él para intentar asegurar que se nos devuelve el dinero que el Gobierno británico ha pagado en los últimos años", declaró en un programa del canal de televisión BBC1.
Alexander precisó que presentarán la demanda ante el tribunal del Área Económica Europea (AEE). "Teníamos una obligación para con la gente de este país que ahorró con esos bancos y ahora tenemos la obligación de recuperar ese dinero, y continuaremos insistiendo hasta que lo consigamos", afirmó.
Por su parte, el ministro de Economía holandés, Jan Kees de Jager, manifestó estar "muy decepcionado de que no se aprobara el acuerdo previo". "No es bueno para Islandia ni para Países Bajos. El tiempo de las negociaciones ha terminado y ahora Islandia sigue obligada a pagar. El tema ahora depende de los tribunales", aseguró.
El 'no' inslandés
Los islandeses han rechazado en un referéndum una ley para indemnizar a 300.000 ahorradores británicos y holandeses, clientes del banco.
Se trata de la segunda vez en poco más de un año en que los esfuerzos del gobierno islandés de centro izquierda para resolver este contencioso se ven desautorizados por el electorado, que se niega a pagar los costes de la quiebra de Icesave, que suponen unos 3.474 millones de euros. En marzo de 2010, el "no" al acuerdo ganó el referéndum con un 93% de los votos.
La incertidumbre sobre la cantidad total a pagar por Islandia, con una población de apenas 320.000 habitantes, debido sobre todo a la inestabilidad de la corona islandesa, fue uno de los principales argumentos destacados por los opositores a la ley y que pudo haber impulsado el voto negativo.
Por su parte, el gobierno islandés intentó calmar los ánimos. El ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson, quien había negociado el acuerdo con Londres y La Haya, aseguró que Islandia no tiene "ningún problema" en saldar sus deudas. "Las reservas (de Islandia) son más que suficientes para cubrir todos los pagos en los próximos años", añadió el ministro.
Islandia: El éxito de dejar caer a la banca
