La última semana de octubre es el plazo fijado por el Gobierno para zanjar una de las leyes más polémicas que intenta sacar adelante el Partido Socialista. La Ley de Memoria Histórica tendrá primero que salir airosa de uno de sus últimos trámites en el Congreso.
La puesta en marcha de esta ley (que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado), supondrá un coste global de unos 60 millones de euros, ya que obligará a reajustar o crear más de 31.000 pensiones e indemnizaciones para las víctimas de la Guerra Civil.
Reconocimientos de la ley
El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de julio reconoce "el derecho de todos los ciudadanos a la reparación de su memoria personal y familiar" independientemente del bando o la zona en la que se encontraran. Este reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil también supone prestaciones económicas y pensiones a los afectados o a sus familiares.
Aunque en muchos de los artículos que recoge el proyecto de Ley de Memoria Histórica no vienen especificadas las cantidades que se destinarán a tal efecto, en los últimos 30 años se han resuelto favorablemente 574.000 expedientes de pensiones e indemnizaciones destinadas a personas que fueron castigadas injustamente por auxiliar a la República y por oponerse a la dictadura. En total, estas resoluciones han supuesto un valor total de 16.356 millones de euros, salidos del Erario Público, según publicó El País. Unas 95.000 personas seguían cobrando hasta hoy su pensión.
16 millones en pensiones
El artículo dedicado a las pensiones supondrá un coste anual de casi 16 millones de euros. Hasta ahora los familiares de los fallecidos, víctimas de la Guerra Civil, tan sólo percibían una pensión: la de asistencia médico-farmacéutica y asistencia social si su familiar había fallecido entre el periodo de conflicto y los dos años siguientes.
En la actualidad, también podrán cobrar los familiares de los fallecidos como consecuencia de heridas, enfermedades o lesiones accidentales provocadas por la contienda, así como los que puedan establecer una relación de causalidad directa entre el fallecimiento y las opiniones, actuaciones sindicales y políticas del familiar durante la guerra.
Las pensiones a favor de huérfanos no incapacitados mayores de 21 años, que llevaban desde el año 1980 sin modificarse, se verán incrementadas. La nueva cantidad se fija en 132,86 euros mensuales y a ella se aplicarán las revalorizaciones que establezcan los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. El Ejecutivo calcula que unas 14.739 pensiones se verán afectadas por este reajuste. Además, tendrán derecho a recibir una indemnización aquellos que sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía.
Ayudas por privación de libertad
Aquellos que acrediten haberse visto privados de libertad en establecimientos penitenciarios o en batallones disciplinarios -en cualquiera de sus modalidades- durante tres o más años y tuvieran cumplida la edad de 60 años el 31 de diciembre de 1990 tendrán derecho a percibir de una sola vez una indemnización de 6.000,12 euros y de 1.202,02 euros por cada tres años completos adicionales.
En caso de haber fallecido tendrá derecho a cobrar la cantidad estipulada el cónyuge. Asimismo, la pareja de aquellos ciudadanos que fueron encarcelados por un período inferior a tres años y, posteriormente, fueron condenados a pena de muerte tendrán derecho a recibir una indemnización de 9.616,18 euros siempre que no hayan percibido ninguna pensión o indemnización de los sistemas públicos de protección social anteriormente.
Los ciudadanos que fueron encarcelados y que ya hayan recibido ayudas monetarias como consecuencia de la Ley de Amnistía desde el pasado 1 de enero de 1999 hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley Memoria Histórica podrán solicitar -tanto ellos como sus cónyuges o herederos- el abono de una ayuda de hasta el 15 por ciento de las cantidades que, por tal concepto, hubieran indicado en la declaración del IRPF de cada uno de dichos periodos impositivos. El Gobierno estima que alrededor de 14.000 personas solicitarán acogerse a esta medida.
Fallecidos por la democracia
Para los familiares de aquellos que fallecieron durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 1968 y el 6 de octubre de 1977 en "defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos", el Ejecutivo recoge una indemnización "en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte" de un total de 135.000 euros.
El Gobierno estará autorizado para conceder la misma ayuda extraordinaria a aquellos que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes en defensa de la democracia. En este caso, la cantidad estipulada no podrá ser transferible a herederos o cónyuges.
La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para facilitar a los descendientes de las víctimas, que así lo soliciten, las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.
También, podrán solicitar la ayuda las asociaciones constituidas antes del día 1 de junio del año 2004 que incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines. Resulta imposible para el Ejecutivo dar una cifra aproximada sobre el coste de tal actividad debido a que resulta muy difícil establecer cuántas víctimas se encuentran en esta situación, cuántas asociaciones o familiares solicitarán acogerse a la medida, así como el número de fosas y de pruebas de ADN que deberán ser efectuadas.
