Los 'populares' quieren empezar a hablar de "austeridad con mayúsculas"
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El PP llevará al Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición no de ley que recopila sus propuestas para la puesta en marcha de una estrategia de austeridad del conjunto de las Administraciones Públicas, que recoge la fijación de un techo de gastos para comunidades autónomas y ayuntamientos y la reducción del 25% de altos cargos y del 50% en el personal eventual, lo que supone el despido de unas 437 personas que actualmente trabajan en la Administración General del Estado.
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que estas iniciativas, que ya han sido rechazadas en otras ocasiones por la Cámara Baja con los votos del PSOE y las minorías nacionalistas, tienen como objeto fijar la austeridad como obligación para que todas las administraciones estén dedicadas a la atención de los ciudadanos y no a "mantenerse a costa del mismo".
El PP denuncia que para lograr la necesaria reducción de déficit no basta con planes de austeridad como los del Gobierno socialista, "que apenas representan un ahorro de 24 millones de euros dentro del objetivo de reducción del déficit de 50.000 millones", por lo que es necesario "hablar de austeridad con mayúsculas" con un "compromiso firme" de todas las administraciones.
NO HABRA NUEVOS CONTRATOS DE FUNCIONARIOS
Para ello, reclama además la reestructuración y la supresión de organismos autónomos, agencias y otras entidades públicas cuyas funciones puedan realizarse sin la correspondiente personalidad jurídica propia.
En cuanto a la reducción del personal eventual, los 'populares' la justifican porque desde el inicio de la legislatura el empleo público ha aumentado en 295.300 personas, un 10,38% más, mientras el sector privado ha destruido más de dos millones de euros.
En este sentido, Sáenz de Santamaría ha explicado que los trabajadores eventuales despedidos, todos ellos en el ámbito de la Administración General del Estado, no serán sustituidos por nuevos contratos, sino por funcionarios ya "en activo" para impulsar la "profesionalización" del sector público.
MENOS COCHES Y MOVILES PUBLICOS
En paralelo, plantea una reducción de costes de funcionamiento de la administración a través de una política integral de gestión del patrimonio inmobiliario y de los alquileres de todas las Administraciones públicas, fomentar el recurso a centrales de compras para conseguir mejores precios de suministro.
Además, aboga por reducir los gastos corrientes de la Administración General del Estado en un 10%, lo que incluye el número de coches oficiales y la "racionalización" del uso de móviles.
UNIDAD DE MERCADO
Asimismo, urge a elaborar un programa de Eficiencia de las Administraciones al Servicio del Ciudadano, de forma que se logre una reducción real en términos de costes, trámites y plazos, "evitando al ciudadano costes innecesarios en tiempo y dinero".
Por último, insta a aprobar una Ley de Unidad de Mercado que recoja los mecanismos de solución de conflictos para "garantizar la libertad económica en toda España" y fomentar la competencia y la igualdad en el acceso a bienes y servicios, a través de la creación de una Comisión 'ad hoc', tomando como referencia el modelo canadiense.
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