La Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica (Confedetel) y de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (Cepyp) ha presentado una demanda ante los tribunales solicitando que se declare inconstitucional la congelación de las pensiones contributivas del 2011, según informan los representantes legales, Col-lectiu Ronda, en un comunicado.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica (Confedetel) y de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (Cepyp) ha presentado una demanda ante los tribunales solicitando que se declare inconstitucional la congelación de las pensiones contributivas del 2011, según informan los representantes legales, Col-lectiu Ronda, en un comunicado.
Esta medida afecta a un colectivo de millones de personas, cuyos representantes ya firmaron el 14 de junio de 2010 en Madrid un manifiesto denominado 'Ante la congelación de las pensiones' mostrando su rechazo a las medidas que contempla el artículo 4 del Real Decreto Ley 8/2010 de reducción del déficit público.
En dicho artículo, entre otras medidas extraordinarias, destaca la congelación de las pensiones de la Seguridad Social, por lo que en la demanda se denuncia la vulneración e infracción de la Constitución Española y de derechos entre los que destacan el derecho a la Seguridad Social, a la Seguridad Jurídica y a la Igualdad ante la Ley.
En la demanda también se afirma que el Gobierno ha querido sustituir a las Cortes Generales, legislando por Real Decreto Ley de forma "abusiva e injustificable". Los demandantes consideran que el Gobierno aprobó este Real decreto Ley por un procedimiento "teórico" de urgencia y "sin el apoyo de ninguna mayoría parlamentaria".
Mediante esta actuación, el Ejecutivo derogó un artículo de la Ley General de la Seguridad Social que había sido acordado por el conjunto de grupos parlamentarios, Gobierno y sindicatos, mediante Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del sistema de Seguridad Social, votada en el Congreso de los Diputados y refrendada por el Senado.
Esta medida representa una pérdida de poder adquisitivo "injusto", haciendo recaer las consecuencias de la crisis en las clases más desfavorecidas, en base a argumentaciones genéricas para conseguir objetivos indeterminados como "la estabilidad del euro" o "el aumento de la credibilidad", explican.
Por último, los jubilados recuerdan que esta pérdida de poder adquisitivo se da sobre un colectivo de personas que ya sufren unas pensiones muy reducidas. Según los datos oficiales, el 71,75% de jubilados percibe prestaciones inferiores a 1.000 euros y el 58,5% tiene ingresos inferiores a 600 euros mensuales. Todo ello en un contexto en el que el gasto en pensiones en el Estado Español es del 9% del PIB, mientras que en el conjunto de la Unión Europea es del 12%.
