En mayo del año pasado, el anuncio de una medida inédita causó una gran revuelo político y social: a los empleados de todas las Administraciones Públicas se les iba a rebajar, desde el 1 de junio, una media de un 5% sus retribuciones, un 2% en el sueldo base y un 3% en los complementos.
El ahorro se cuantificó en 2.300 millones de euros sólo en el ejercicio de 2010, un 1,8% de la partida de remuneración de asalariados públicos.
Sin embargo, las cuentas no le han salido al Gobierno. Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el gasto en "remuneración de asalariados", concepto que recoge toda la masa salarial incluidas las cotizaciones sociales, fue en el ejercicio de 2010 de 124.038 millones de euros, frente a los 125.164 millones de euros del año anterior.
De esta manera, el ahorro se queda en 1.126 millones de euros, la mitad del objetivo anunciado y sólo un 0,8% del total de esta partida.
Más personal
Una de las causas de este escuálido ahorro hay que buscarla en el aumento de personal. Se paga menos, pero hay que pagar a más gente. A pesar de que las sucesivas Ofertas de Empleo Público -por las que acceden a su puesto los funcionarios de carrera- han ido menguando en los últimos años (la de 2010 disminuyó nada menos que un 87% respecto a la anterior y la de 2009, un 23% en relación a la de 2008 que, a su vez, fue también austera), las Administraciones Públicas han seguido contratando personal.
El sector público ha sido y es en estos años de crisis el único que sigue generando puestos de trabajo, al contrario que el sector privado. El año pasado, las Administraciones Públicas pasaron de contar con 3.065.000 empleados a tener un total de 3.168.500. Es decir, en el año de los recortes hubo 103.500 nuevas contrataciones en el sector público, con lo que la plantilla total de todas las Administraciones aumentó un 3,3%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Administración Central del Estado aumentó su plantilla en 51.800 personas, a los que hay que añadir los 4.900 que se incorporaron a la Seguridad Social. Pero el primer puesto en crear empleo se lo llevan las comunidades autónomas. En 2010, hicieron efectivos 57.800 nuevos puestos de trabajo, con lo que se siguió la tendencia de años anteriores, también existente en el Estado y en los ayuntamientos.
Esta tendencia es especialmente acusada en tres autonomías: Madrid, Andalucía y Cataluña. Si en el año 2008, la región presidida por Esperanza Aguirre contaba con 431.900 empleados, a finales de 2010 la nómina había subido a 514.600, un 19,1% más en sólo dos años. En el mismo periodo, Andalucía ha contratado a 63.800 nuevos trabajadores, mientras que Cataluña ha incorporado a su nómina pública a 46.500 personas más.
Los ayuntamientos, a pesar de la situación crítica por la que atraviesan sus finanzas, han aumentado su personal en el trienio 2008-2010 en 43.900 empleados.
Cálculos erróneos
Las nuevas contrataciones son la principal razón de que el ahorro en gastos de personal sea menor de lo esperado, aunque también hay otros aspectos que han contribuido. Cuando en mayo se adoptó la decisión, única en la historia reciente de la Administración española, de bajar el sueldo a los empleados públicos, se hicieron unos cálculos basados en las cuentas totales de 2009.
La realidad a principios de 2010 era otra. Y lo era porque para ese año se habían aprobado unas subidas en diversos conceptos que elevaban la partida de remuneraciones de los empleados públicos en general.
Los incentivos al rendimiento o complemento de productividad, por ejemplo, experimentaron un aumento global a principios del año pasado superior al 70 por ciento respecto a 2009. Al acabar el ejercicio de 2010, el concepto de productividad había retrocedido más de un 20 por ciento, pero la diferencia ya ha quedado consolidada.
En 2011 no hay rebaja, pero sí congelación. El objetivo es ahorrar otros 2.200 millones de euros.
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