FERROVIAL
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El juez que investiga el desvío de fondos del Palau de la Música no deja espacio a la duda. Ferrovial hizo de su condición de patrón de esta institución una plataforma para ganar contratos de obra pública millonarios en Cataluña en anteriores gobiernos de CiU.
El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés Cabezón, ha decidido imputar al que fue hombre fuerte de la constructora de la Familia del Pino en Cataluña: Pedro Buenaventura.
En su auto, considera que de las donaciones de Ferrovial, cerca de 13 millones en el periodo comprendido entre 1997 y 2008, "puede deducirse que en realidad se trataba de contraprestaciones de esa empresa por la adjudicación de obra pública que revertía en beneficio de terceras personas o entidades relacionadas con ella. Y ello sin perjuicio de que los intermediarios pudieran obtener algún beneficio".
Benaventura inició su andadura profesional en la constructora en 1985. Desempeñó diversos cargos en Ferrovial, entre ellos el de director general de la división de construcción hasta que en 1999 fue nombrado director regional de Cataluña. Desde 2006, ya no está en nómina de la compañía. Durante la etapa de Buenaventura como máximo representante de la compañía en esta comunidad autónoma mantuvo una estrecha relación con Félix Millet, presidente del Palau y presunto saqueador de la institución catalana.
Ayer, Ferrovial no quiso pronunciarse sobre la imputación de un exdirectivo de la casa. Desde que estalló el escándalo del presunto pago de comisiones a Convergencia, la compañía ha dicho ser "ajena" al destino que la empresa dio a sus aportaciones en concepto de patrocinio.
Precisamente, Millet era quien actuaba de puente entre la constructora y diversos cargos de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC): Carles Torrent y Daniel Osàcar, que también ha sido llamado a declarar. Éstos a su vez movían los hilos para lograr que Ferrovial obtuviera contratos públicos.
El peaje, no obstante, que debía pagar Ferrovial era, presuntamente, hacer efectivo un 4 por ciento (que se repartían Millet y los dos miembros del partido nacionalista) sobre la cuantía total del presupuesto de la obra.
Relación Millet-Buenaventura
En la documentación remitida ayer por el juzgado (que tiene un nuevo titular tras la marcha a Madrid del anterior, Juli Solaz) queda probada la estrecha relación entre Millet y Buenaventura mediante el intercambio de diversas cartas y faxes, lo que lleva a determinar que "esta dinámica, de ser cierta, el Palau de la Música no habría sido el destinatario real de las donaciones sino el cauce por el que se hacía llegar a su verdadero destino".
Millet, en opinión del juez, no tenía una posición de simple mediador. "Cobra cantidades a quien debe satisfacerlas Ferrovial-Agromán y las entrega, quizás, a personas vinculadas con la Administración Pública adjudicante". Además, el auto señala que Millet "despliega una amplia actividad en los dos sentidos: reclamando la adjudicación de obras por un lado, y apremiando a Ferrovial para que no se retrase en el pago de las cantidades comprometidas".
Otro de los que deberá declarar como imputado es el extesorero de CDC, Daniel Osàcar. El juez lo interrogará para conocer su grado de implicación en la trama y sobre el presunto cobro de estas comisiones que canalizó Ferrovial a través del Palau (ya fuese mediante la Asociación o a través de la Fundación).
Desvío de fondos a CDC
El juez cree que de la documentación incautada se desprenden indicios de su participación en el desvío de fondos así como la de otro también extesorero de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005 y al que sucedió Osàcar. Éste último también ocupó cargos de responsabilidad en la fundación Trias Fargas, ligada a Convergencia.
El juez sustenta su argumento en una documentación incautada a Gemma Montull, hija de Jordi Montull (la mano derecha de Millet) y exdirectora Financiera del Palau. En la nota, fechada en 2008, se desprende que Ferrovial entregó al Palau al menos 1.081.822 euros, de los que fueron destinados 675.855 euros a "pago Daniel" (en referencia al extesorero de CDC), 248.433 euros a "cobrar GPO" (ingeniería catalana cuyos responsables también están imputados) y 157.594 euros a la Fundación del Palau. Un informe de la Agencia Tributaria del pasado julio cifró en 5,9 millones de euros las cantidades de Ferrovial que fueron a parar a Convergencia a través del Palau.
Osàcar, que conoció su imputación en un acto público acompañado por el presidente catalán, Artur Mas, reconoció que "podía pasar" que le imputaran por los presuntos pagos irregulares . "No estoy preocupado", se limitó a añadir ante los periodistas, aunque rechazó que le grabaran las cámaras. El extesorero de Convergencia está siendo arropado por sus compañeros de partido.
El diputado de CiU, Jordi Turull, se mostró convencido de "la absoluta honestidad de Daniel Osàcar, y consideró que la imputación le permitirá defenderse mejor ante "el linchamiento público al que ha estado sometido".
La oposición apunta a Mas
No son de la misma opinión, el resto de partidos del Parlamento catalán. El viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, dijo que "ha llegado la hora de que CDC dé la cara y hable claro y diga a la ciudadanía de Cataluña si siguen manteniendo la tesis de que nunca se financiaron a través del Palau de la Música. Son demasiados meses intentando negar la evidencia".
En este sentido, pidió que Artur Mas, como máximo responsable de CDC, deje claro si hay algo de cierto en lo que está investigando la justicia, ya que tiene "la responsabilidad política de haber confiado en el señor Osàcar cuando lo nombró tesorero de CDC".
Por otro lado, el portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Pere Calbó, también exigió responsabilidades a Mas "de lo que supone la imputación y qué medidas piensa tomar". Por su parte, el diputado de ERC en el Parlament, Pere Bosch, ha exigido explicaciones a CDC por la imputación de su extesorero, que los republicanos consideran "de gran trascendencia en el proceso".
El juez no ha señalado las fechas de las declaraciones, pero ha ordenado que vuelvan a declarar los peritos que emitieron el informe de Hacienda y ha aceptado varios testimonios pedidos por la Fiscalía, como Rosa Garicano, exdirectora general del Palau.
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