El escándalo de los sellos se va a dilatar en el tiempo para no entorpecer el periplo electoral que se avecina. La última decisión del Ministerio de la Presidencia ha sido retrasar seis meses la resolución sobre la posible responsabilidad patrimonial del Estado en el caso, que estaría fundamentada en la posible dejadez del Gobierno a la hora de legislar.
El periodo legal para que la Administración resuelva la demanda patrimonial de los perjudicados es de seis meses, pero se puede prorrogar otros seis más por la especial complejidad del caso.
El plazo inicial expiraba a mediados del pasado mes de septiembre, con lo que un nuevo aplazamiento supone que el Gobierno puede no tener que pronunciarse sobre su supuesta responsabilidad en el caso hasta que pasen las elecciones, dado que el nuevo plazo concluye, justo, a mediados del próximo mes de marzo, el final de la actual legislatura.
Justificaciones
La Vicepresidencia Primera del Gobierno, órgano designado para resolver este tipo de procesos cuando afectan a varios ministerios (en este caso al de Sanidad y al de Economía), publicó una orden el pasado 12 de septiembre en la que justificaba la nueva ampliación en "la especial complejidad que reviste la tramitación de estos procedimientos" y el elevado número de reclamaciones y de personas afectadas.
La decisión de aplazamiento ya advierte que existen miles de reclamaciones particulares contra la Administración, por entender que no quiso regular la inversión en bienes tangibles a finales de 2003, al legislar sobre instituciones de inversión colectiva, y dejar para "las autoridades de consumo" el negocio de la inversión en sellos. Esa competencia está cedida a las comunidades autónomas, con lo que cualquier control sobre su actividad, financiera o mercantil, se complicaba en gran medida.
Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que existen unas 18.000 reclamaciones particulares que exigen la responsabilidad del Estado y sobre las que es la propia Administración la que se debe pronunciar, según marca el ordenamiento jurídico. En el documento que prorroga el plazo se admite que, además de las reclamaciones, la decisión sobre este caso afecta a unas 250.000 personas, una cifra un tanto escasa si se tiene en cuenta que el escándalo de los sellos ha perjudicado a más de 400.000.
La orden de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, deja el campo libre al Ejecutivo durante el periodo electoral para no tener que pronunciarse sobre un caso en el que puede tener cierta responsabilidad. Aunque fuentes cercanas al proceso no descartan que durante la campaña surjan nuevas informaciones. "Sin límite temporal hasta marzo, el Ejecutivo podrá evitar el tema o entrar de lleno", señalan a este periódico fuentes jurídicas implicadas.
El contencioso administrativo
De forma paralela a la relcamación ante la Administración, sobre la posible responsabilidad del Estado se deberá pronunciar la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a la que han recurrido también muchos inversores, que no han visto satisfechas su petición ante la Administración.
En estos procesos funciona el llamado "silencio administrativo negativo". Es decir, que si la Administración no se pronuncia en el plazo legal (seis meses) se entiende como rechazada la demanda patrimonial contra el Estado. El recuros posible posterior es en la Audiencia Nacional, donde han llegado ya muchas de las reclamaciones presentadas en el primer semestre del caso y que han sido rechazadas.
Los magistrados de la sala deberán resolverlo y pronunciarse también sobre la responsabilidad de la Administración, pero con un matiz importante: además de la posible dejadez del Estado al legislar, en 2003, también deben dilucidar si se ha vulnerado el principio general de proporcionalidad que rige en el Derecho. Esto es, que nunca la medida tomada debe causar un mal mayor que el que se quería evitar.
En este caso, se quería evitar que los directivos de Fórum y Afinsa engañaran a sus clientes, pero al intervenir las empresas judicialmente en lugar de actuar sólo contra los responsables, se ha causado una alarma social y un perjuicio a más de 400.000 personas. Como todo en la ley, será cuestión de interpretación.
