Madrid, 10 mar (EFE).- El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, pidió hoy a todos los grupos que convaliden el real decreto-ley que reforma las políticas activas de empleo, porque cada día cuenta para el "doloroso" y elevado número de parados y porque se ha pactado con los agentes sociales y las comunidades autónomas.
Jáuregui ha hecho esta demanda durante el debate de convalidación del real decreto-ley en el Congreso de los Diputados, norma que no ha podido ser defendida por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, por estar enfermo.
Según el ministro de la Presidencia, el real decreto-ley es fruto del pacto económico y social que el Gobierno firmó con los agentes sociales (sindicatos y empresarios) el pasado 2 de febrero, y además cuenta con un gran consenso por parte de las comunidades autónomas.
Por ello, descartó que la normativa sea un "salto al vacío" del Gobierno y emplazó a los diferentes grupos parlamentarios a que, en aras del esfuerzo de participación y voluntad de colaboración en el ámbito social y en el territorial, den este mediodía su voto favorable a la reforma de las políticas activas.
Jáuregui destacó que, entre los objetivos de la reforma, está el crear "auténticos derechos" para los parados en todos los territorios.
Estos se traducen en que los desempleados tendrán el derecho a ser atendidos personalmente y a que se les cree un itinerario personalizado de búsqueda de empleo, así como a participar en actividades de formación, incluidas de emprendimiento.
También las empresas podrán exigir la gestión eficaz de sus ofertas de empleo, el diagnóstico de necesidades formativas y la información y apoyo para solicitar ayudas, explicó el ministro.
Otro de los objetivos será la creación de un fondo de políticas activas de empleo para hacer frente a situaciones altas de desempleo, el reforzamiento de los servicios públicos de empleo y la autorización a las agencias privadas de colocación a colaborar con ellos.
Asimismo, la reforma transforma y redefine el sistema de políticas y programas, ya que, una vez que se aprueba la Estrategia Española de Empleo, serán las comunidades autónomas las que ejecuten las acciones y medidas que consideren necesarias para lograr los objetivos que se fijen en ella.
