Economía/Macro.- PSOE emplaza al Gobierno a impulsar los trámites para que la nueva ley postal se pueda aplicar este año

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que pretende lograr el apoyo de todos los grupos para instar al Gobierno a que apruebe los actos, planes y normas que desarrollen la Ley del Servicio Postal Universal, a fin de que se complete la regulación del sector durante el presente año.

La iniciativa, recogida por Europa Press, se votará el próximo miércoles en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja, tres meses después de que la Cámara Baja diera luz verde definitiva a la nueva Ley que regula el sector postal, pactada entre PSOE y CiU pero que no contó con el apoyo ni del PP ni de las minorías de la izquierda parlamentaria (ERC, IU, ICV, BNG y NaBai).

La nueva iniciativa socialista, señala que aunque la norma entró en vigor a principios de año, es preciso aprobar distintos planes de actuación y normas de menor rango para completar su marco regulador, entre los que destaca el plan de Prestación del Servicio Postal Universal y la norma que determina los principios, criterios y sistema de imputación de costes del operador designado para prestar el Servicio Postal Universal.

Igualmente, falta aprobar el contrato regulador del Servicio Postal Universal entre los Ministerios de Fomento y de Economía y Hacienda y el operador designado para su prestación, así como los reales decretos por los que se regulen la Comisión Filatélica del Estado, el Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales y el Consejo Superior Postal.

EL ESTADO COMPENSARA EL SOBRECOSTE

La prestación de este servicio de interés público por parte de Correos tendrá un coste en los Presupuestos Generales del Estado de cada año de entre 170 y 210 millones de euros, cantidades a las que se añadirán otros diez millones de euros por la prestación del servicio de giro.

Las cuentas públicas harán cada año una estimación del coste del servicio, cuya ejecución supervisará la Comisión Nacional del Sector Postal con la intención de si, supera el importe previsto, el Estado compensará a Correos. La Comisión, en tanto organismo regulador del sector, tendrá también poder para arbitrar conflictos entre los operadores.

Asimismo, los nuevos operadores que se incorporen al mercado abonarán una cuota fija de 1.500 euros con el objeto añadido, aparte de contribuir a financiar el fondo, de evitar al "excesiva atomización del sector". El gobierno estima una incorporación anual media de 35 operadoras, lo que permitirá recaudar 52.500 euros y eleva la cifra total hasta los 1,52 millones de euros.

MULTIPLICA POR 10 LAS TASAS DE INSCRIPCION.

Según los cálculos del Gobierno, 234 de los 450 operadores privados son personas físicas o jurídicas sin empleados y cuya facturación es inferior a los 50.000 euros, por lo que están exentos de la tasa del 1,5%.

Además, los operadores deberán contribuir a la financiación de la Comisión Nacional del Sector Postal a través de la tasa por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales, cuya cuantía se multiplica por diez, pasando de 50 a 500 euros, que el Gobierno justifica por las "nuevas obligaciones" de la Comisión y que se trata de una cantidad "promedio" entre las que se cobran en Alemania (700 euros) o Portugal (1.500 euros).

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