
Cerca de 5.000 pasajeros afectados por el cierre del espacio aéreo se han personado este jueves en la causa penal abierta contra los controladores aéreos por el abandono de sus puestos de trabajo los pasados 3 y 4 de diciembre. Han solicitado al juez que obligue a los controladores a depositar una fianza de cerca de 50 millones de euros para responder por los daños y perjuicios.
La Agrupación de Demandantes por el cierre del Espacio Aeroportuario ha acudido a los juzgados de Plaza Castilla a personarse como acusación particular ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que acumula en un sólo proceso todas las querellas presentadas contra los controladores por el caos aéreo.
Según ha explicado el abogado de la asociación, el socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, Luis Vericat, se pide al juez que "abra una pieza de responsabilidad civil para que presten una fianza de 10.000 euros por afectado o el embargo de sus bienes" y que se identifique a cada uno de los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo.
Los afectados consideran que los controladores incurrieron en un presunto delito de abandono de funciones tipificado en el artículo 409 del Código Penal, que contempla penas de multa y de suspensión de empleo de entre meses y dos años.
Además, el abogado ha explicado que se pide la declaración de AENA como responsable civil subsidiaria para que responda por las indemnizaciones en caso de que los controladores no puedan afrontarlas.
"AENA es la empresa pública responsable de asegurar el tránsito aéreo, que es un derecho clave de los ciudadanos recogido en el artículo 19 de la Constitución Española", ha apuntado Vericat.
Por su parte, la presidenta de la agrupación de afectados, Elena Fuente, ha recordado que tras el laudo arbitral emitido por Manuel Pimentel se ha resuelto el conflicto laboral entre los controladores y AENA, pero "ahora toca resolver el daño causado a miles de personas".