En el seno de la CEOE no se han apagado los ecos del rechazo mayoritario de los empresarios al contenido del llamado pacto social anticrisis, cuya firma autorizó la Junta Directiva "por sentido de Estado y sin entusiasmo", en palabras de un destacado miembro de la cúpula de la patronal española.
Un acuerdo, cuyo contenido no convence, salvo en la reforma de las pensiones, y en el que los sindicatos han conseguido una de sus más antiguas reivindicaciones, como es el acceso a los órganos de Gobierno de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, con la remuneración correspondiente.
Una cesión o despiste de los negociadores que se interpreta como un gol sindical a Juan Rosell, y que ha suscitado, junto a la vaciedad y vaguedad del acuerdo firmado, los primeros movimientos de contestación contra el presidente de CEOE, apenas dos meses después de su elección para sustituir a Gerardo Díaz Ferrán.
Lo que dice el acuerdo
El texto del acuerdo firmado entre el Gobierno y los agentes sociales recoge textualmente en el apartado destinado a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que, "los órganos directivos de las Mutuas se compondrán de las empresas con mayor número de trabajadores mutualizados, de otras designadas paritariamente por las organizaciones empresariales y de una representación de las organizaciones sindicales más representativas".
Es verdad que la actual normativa de estas entidades autorizaba la presencia de un representante de los trabajadores en los órganos de gobierno de estas entidades, tanto en la Junta General como en la Junta Directiva. Pero especificaba claramente que se trataba de un "representante de los trabajadores al servicio de la entidad".
Ahora, los descontentos de CEOE interpretan que, con la nueva redacción, se abre el acceso a una mayor representación numérica de la parte laboral y se garantiza la presencia en las mismas de Comisiones Obreras y UGT, en detrimento de otras organizaciones o del sindicalismo independiente.
Recuerdan también que la Ley de 30 de diciembre de 1997 define a las Mutuas como asociaciones sin ánimo de lucro que se constituyen "por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social".
Es decir, que aunque se suprimió el término "patronales" del nombre de las Mutuas la legislación sigue considerándolas como organizaciones de empresarios, que son quienes asumen los costes y las responsabilidades de las mismas.
Los empresarios asociados están también obligados por ley a asumir los costes de las instalaciones y servicios de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Mientras, de los posibles excedentes a final de cada ejercicio el 80 por ciento se ingresa a favor de Seguridad Social y el 20 por ciento restante se debe destinar obligatoriamente a reservas o mejora de prestaciones.
Políticas activas
Otro de los puntos que preocupa en CEOE es el relativo al fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo, que "se han mostrado ineficaces durante el período de las crisis y que los datos demuestran que apenas sirven para recolocar al 2 por ciento de los trabajadores demandantes", en contraste con la eficacia demostrada por las empresas privadas de colocación.
Especialmente críticos se muestran con el modelo que se propone al Servicio Público de Empleo de atención personalizada y desarrollo de un itinerario individual de empleo a los parados que, consideran, va suponer un incremento del gasto público por la exigencia de un mayor número de funcionarios si se quiere desarrollar eficazmente.
Y tampoco gusta el aumento que se propone en las partidas para formación a cargo de las organizaciones empresariales y las centrales sindicales que, en su opinión, sólo suponen un incremento del dinero "a repartir" entre estas organizaciones, cuando la formación a cargo de los agentes sociales está fuertemente cuestionada por su falta de eficacia y bajo sospecha por los muchos fraudes detectados en forma de cursos que se programan para cobrar, pero que nunca se realizan.
La CEOE avala el acuerdo en el pacto social