El aumento del PIB es un factor vital a largo plazo, pero además se precisa un acuerdo sobre las políticas económicas para recuperar la confianza en el futuro de la Unión Europea.
La evolución de la crisis en Europa ha centrado la atención de los autores de políticas en la austeridad fiscal y en los rescates. Consideramos que esto descuida una importantísima dimensión del nuevo pacto político, una dimensión que no puede ser olvidada si queremos superar los graves problemas que afrontan la eurozona y la Unión Europea.
La sostenibilidad de la deuda sólo se encuentra en el crecimiento sostenido de nuestras economías, no basta un énfasis exclusivo en el restablecimiento de unas finanzas públicas sólidas. Se necesita un acuerdo político más amplio sobre las políticas económicas y la gobernabilidad económica para impulsar el crecimiento y recuperar la confianza en el futuro de la eurozona y de la UE. Dicho acuerdo debe incluir, junto con unas medidas mejor diseñadas para la disciplina fiscal, un impulso decisivo para acelerar la consumación del mercado único y una fuerte inversión en las infraestructuras transfronterizas.
Hemos destacado estos elementos en un Escrito de Conclusiones publicado el pasado mes de diciembre por el CEPS, que también enviamos al Consejo Europeo en forma de carta abierta para su consideración en su reunión el citado mes.
El Escrito de Conclusiones recomienda una extensa iniciativa de política económica que podría sacar de apuros al Consejo Europeo en lo que respecta a la deuda persistente y a la crisis bancaria en Europa. Permitirá a los gobiernos combinar la disciplina fiscal con un mayor crecimiento, así como restablecer un clima de colaboración entre los Estados miembros. A continuación resumimos la esencia del Escrito de Conclusiones.
Consideramos que un nuevo acuerdo político sobre el crecimiento sostenible debe apoyarse en cuatro pilares: la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; la reforma de la gestión de la crisis de la eurozona; la reforma estructural que aumente el crecimiento; y la inversión en infraestructuras para el mercado interior.
Un renovado Pacto de Estabilidad
La UE busca acertadamente una corrección sostenible de los desequilibrios fiscales. Un aspecto crítico que exige unas herramientas más eficaces en este contexto es la calidad de los programas de consolidación. Estos programas deberían centrarse mucho más en un crecimiento permanentemente más bajo de los gastos públicos actuales, en una reforma que aumentara la eficiencia y el crecimiento de los programas de ayuda social (pensiones) y en unos esquemas de apoyo para el desempleo (políticas activas en el mercado laboral). Sería también de desear un fortalecimiento de las disposiciones relevantes de los textos legislativos del Pacto de Estabilidad ante el Consejo y el Parlamento.
Además, el debate público ha hecho demasiado hincapié en el brazo corrector del Pacto renovado. Debería darse, por el contrario, mayor peso a la consolidación del brazo "preventivo", que es donde falla en realidad la coordinación política dentro del propio Ecofin y del Consejo Europeo.
Con este motivo, los poderes de la Comisión Europea para publicar las clasificaciones de rendimiento, lanzar avisos previos y hacer públicos sus análisis y recomendaciones sobre los países divergentes no deberían estar sujetos a la aprobación del Consejo; y, además, debería aplicarse la votación contraria entre la junta del Consejo sobre las recomendaciones de la Comisión.
Los elementos más importantes para la consolidación del Pacto renovado son los cambios contemplados en las instituciones y en los procedimientos fiscales nacionales, que deberían ser igual de vinculantes a nivel de la UE. Entre ellos cabe destacar el establecimiento en todos los Estados miembros de una autoridad fiscal independiente que debería ser responsable ante los Parlamentos y al que se asignaría la tarea de valorar públicamente el estado de cuentas, la calidad de los programas nacionales de consolidación y su coherencia con las recomendaciones del Consejo.
Gestión de la crisis
La clave para poder gestionar una crisis es un sólido sistema financiero capaz de resistir los impactos sistémicos. Se necesitan varias medidas para el fortalecimiento de la disciplina del mercado. En primer lugar, los supervisores bancarios deberían exigir intermediarios e inversores institucionales para prestar la atención necesaria a las advertencias de la Comisión sobre la sostenibilidad de las obligaciones soberanas de los miembros de la eurozona.
Las reglas que limiten una expansión excesiva de los créditos y de la asunción de riesgos por parte de los intermediarios financieros afectarán también a la disposición para la financiación de los deudores soberanos arriesgados. A este respecto, es fundamental la promesa creíble, en caso de que un Estado miembro se declare insolvente, de no intervención para el alivio de sus acreedores.
Por consiguiente, la cuestión clave es cómo dar suficiente credibilidad a la cláusula de no rescate en lo que respecta a los Estados miembros y a los mercados financieros. Dicha promesa debe sostenerse en dos pilares.
El primer pilar es una nueva serie de procedimientos especiales para la solución de la crisis bancaria que permitirá que cualquier banco, incluidas las grandes entidades transfronterizas, pueda fracasar sin reembolsar totalmente a los acreedores y a los accionistas, y con una protección estrictamente limitada a los depositantes minoristas (y sólo hasta este umbral). Gracias a este sistema, los gestores y los accionistas bancarios tendrán mayores incentivos para limitar la asunción de riesgos.
El segundo pilar es un Fondo Monetario Europeo, la permanente continuación del actual Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. El Fondo debería estar dotado con un capital suficiente y tener acceso a la financiación del mercado para proteger el euro y el sistema financiero de la UE contra la crisis de la deuda pública. Su mandato debería excluir explícitamente la cobertura de las pérdidas derivadas de las insolvencias públicas y privadas.
Reforma para el crecimiento
En el panorama económico de Europa destacan dos características principales: un escaso crecimiento de la productividad y un escaso crecimiento de la demanda interna. Las políticas destinadas a la consolidación del sector público fortalecerán la estabilidad financiera y aumentarán los incentivos para la inversión privada, pero a corto plazo afectarán negativamente a la demanda. Europa no puede regresar a un crecimiento sostenido sin incrementar el índice de crecimiento de los ingresos domésticos y de la demanda interna y mantenerlos.
Para ello, las reformas estructurales deben jugar un papel más destacado. Existe la necesidad de unas reformas en el mercado laboral destinadas a aumentar la flexibilidad, lo que permitiría que los salarios reales respondieran con mayor eficacia a las presiones competitivas. El incremento de la tasa de empleo entre las mujeres y los jóvenes puede suponer un añadido importante a la mano de obra y la consolidación de los posibles resultados.
Además, la liberalización de los servicios puede fomentar la inversión, incluso en países donde el superávit por cuenta corriente refleja un bajo nivel de inversión respecto al ahorro, mediante el abordaje de los elementos determinantes estructurales de los desequilibrios en los pagos externos. Con la apertura del sector de los servicios a la competencia, crearíamos enormes oportunidades para la inversión nacional y el aumento de la productividad, que se traduciría en unos mayores ingresos domésticos así como en la consolidación de nuestra industria con unos servicios de menor coste y de mayor calidad. Un elemento fundamental en este contexto es la liberalización y la completa integración de los mercados energéticos, todavía fragmentados en parques nacionales cerrados y controlados por monopolios nacionales que obtienen unas rentas elevadas gracias a la imposición de unos costes elevadísimos a la industria y a los consumidores.
Inversión en infraestructuras
Un considerable incremento de las inversiones en las infraestructuras del mercado único redundaría en unos grandes beneficios para el crecimiento gracias al impulso de la demanda a corto plazo y la mejora de los posibles resultados en la UE a largo plazo. Los obstáculos que deben superarse son dobles: el proceso de planificación y selección y la financiación.
En lo que respecta al proceso de planificación y selección, sobre todo en el marco de las TEN (redes transeuropeas), los Estados miembros han demostrado una gran agilidad en la obtención de apoyo para las prioridades nacionales, pero mucho menor en la consecución de un acuerdo sobre la concentración de esfuerzos en los proyectos transfronterizos destinados a la eliminación de los estrangulamientos relacionados con la energía, el transporte y las comunicaciones y en la creación de un campo de juego abierto e integrado necesario para el funcionamiento del mercado interno.
Se necesita un comienzo renovado capaz de identificar una nueva lista de prioridades y proyectos, estricta y rigurosamente destinada a eliminar los obstáculos y a crear una infraestructura para un mercado único efectivo. Todos los proyectos deberían ser validados por el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, que también debería ocuparse de la supervisión de su implantación, es decir, debería encargarse de eliminar cualquier interferencia nacional y garantizar la mayor rentabilidad.
En lo que respecta a la financiación, existe la necesidad de movilizar grandes recursos, a una escala desconocida hasta ahora. Tal como se sugiere en el informe Monti (2010), esto exige la exploración de nuevas combinaciones de financiación pública y privada basadas en técnicas innovadoras para la adjudicación de contratos capaces de ofrecer buenas recompensas a largo plazo a los inversores privados. Los fondos estructurales pueden movilizarse en este contexto para reducir el riesgo de los inversores privados y pagar una cuota justa para los beneficios públicos que no puedan ser monetizados.
Una aportación importante puede proceder de la emisión de bonos de la UE por parte del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, que con el tiempo pueden fusionarse en un gran banco de infraestructura y desarrollo debidamente capitalizado y convertirse en un equivalente creíble y atractivo para los inversores soberanos e institucionales de todo el mundo. La emisión de los bonos de la Unión Europea no serviría para la redistribución de los recursos entre los Estados miembros, sino para garantizar una amplia financiación de las infraestructuras fundamentales al menor coste posible. Estos bonos estarían respaldados por auténticas garantías, concretamente por las rentabilidades de los proyectos financiados, lo que supondría su eficaz transformación en una especie de bonos cubiertos por una doble garantía.
Como conclusión, el reto de la sostenibilidad de la deuda de Europa es básicamente un problema de reducir la relación deuda/PIB. Hasta la fecha nos hemos centrado en el numerador de esta fracción, es decir, en la reducción del crecimiento de la deuda pública. Aunque sigue siendo importante, el factor más crítico a largo plazo es la recuperación del crecimiento del PIB. Además, el arranque de la economía de la Unión Europea exige un nuevo acuerdo político. Los elementos clave son una mejor gobernabilidad económica a nivel nacional y de la UE.
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