MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) han acusado al Gobierno de crear "un estado de caos regulatorio" en el sector, y han asegurado que proseguirán con su apelación a los tribunales nacionales y a las cortes de arbitraje y otras instancias internacionales "para defender la vulneración de derechos que se ha producido".
En un comunicado conjunto, el sector critica que el Gobierno y el legislativo "no han sido capaces de aplicar una visión progresista y de futuro de las energías renovables", y han propiciado la implantación de "un estado de grave inseguridad" en el sector al impedir una mejora de la regulación mediante el consenso y el control de riesgo.
Además, considera que la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2010, incluyendo "las escasas e insuficientes" enmiendas paliativas que el Senado ha introducido en la Ley de Economía Sostenible, supone "limitar de un modo retroactivo, discriminatorio y unilateral las horas de utilidad de las plantas fotovoltaicas".
Así, señala que la nueva situación coloca al mercado fotovoltaico español en "un estado de caos regulatorio" provocado por el Gobierno, que ha logrado imponer el principio de la penalización a miles de empresas e inversores, muchos de los cuales verán en peligro su supervivencia e, incluso, la recuperación de sus inversiones.
Igualmente, lamenta "profundamente" que ello sitúe a España en una posición "crítica y costosa", por lo que podría suponer de incremento del riesgo país y de percepción de la inseguridad jurídica para la inversión extranjera.
De esta manera, afirma que supone "un marcado punto de inflexión" en el desarrollo de la tecnología fotovoltaica en España -protagonizado por los cierres empresariales impuestos-, "cuya evolución requerirá de un diálogo y un análisis constructivo que les fueron negados al sector durante buena parte del pasado año".
Así, el sector fotovoltaico invita a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, a desarrollar un debate político sobre ese modelo energético, "en el que haya igualdad de oportunidades y se eviten las experiencias pasadas".
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