El Gobierno prevé que un 40% de los trabajadores se jubile con 67 años, la nueva edad legal de retiro; otro 40% a los 65 años y que el 20% restante lo haga a edades inferiores al desarrollar ocupaciones penosas o por ser discapacitados, según ha señalado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.
Durante su intervención en la jornada 'La reforma de las pensiones: oportunidad, contenido y contexto', organizada por la Escuela de Finanzas Aplicada (AFI), Granado ha concretado así el impacto que tendrá la reforma sobre la edad de jubilación el día en que el Gobierno comienza los contactos formales con los Grupos Parlamentarios para lograr el visto bueno del proyecto de Ley.
Granado ha elogiado una reforma que, en su opinión, "despeja incertidumbres", especialmente en materia presupuestaria, y es "bastante suficiente". Además, ha asegurado que introduce la "flexibilidad" que requería el sistema, tras 50 años de "maduración".
"No parecía razonable" la falta de flexibilidad del sistema de pensiones, ha indicado Granado en defensa de la reforma, antes de añadir que, además, la nueva normativa aportará solvencia al sistema. Según sus cálculos, el gasto en pensiones se situará en 2040 alrededor del 13% del PIB, en la media de la UE.
En el capítulo de insuficiencias, Granado ha admitido que "la pensión máxima es muy baja", con lo que aquellos que cuenten con sueldos más altos tendrán que apoyarse en planes privados para poder mantener su poder adquisitivo.
El PP ya lo había planteado
En tono más político y con la vista puesta en las negociaciones de la reforma en el Parlamento, el secretario de Estado de Seguridad Social ha recordado que el PP ya planteó en 2002, en pleno gobierno de José María Anzar, la necesidad de reformar el sistema de pensiones y situó la fecha límite en 2015. "No estamos señalando una situación que era desconocida", añadió.
Granado ha informado de que el anteproyecto de Ley ya ha sido remitido al Consejo Económico y Social (CES) y confió en poder contar con un dictamen favorable en un plazo de 15 días. Finalizado este trámite, el Gobierno trasladará el proyecto de Ley al Parlamento para que pueda ser aprobado "a mediados de año" y entrar en vigor en enero de 2013.
Por último, ha confiado en que el Parlamento será "respetuoso" con los acuerdos del diálogo social, aunque no ha descartado un "ajuste fino" en el caso de las medidas más coyunturales.
Incrementos salariales
Respecto al debate sobre la vinculación de los incrementos salariales a la inflación, el secretario de Estado de la Seguridad Social ha defendido que los incrementos salariales se pacten en el ámbito de los convenios de empresa, donde existe la libertad de poder desvincularlos del IPC manejando "contrapartidas" como la garantía de mantenimiento del empleo de la plantilla.
Según Granado, "la experiencia europea es tomar como referencia el IPC futuro o pasado", algo que ha dicho, ha permitido "transitar a una baja inflación".
Si bien, ha invitado a abordar las subidas salariales "en el ámbito de la empresa, donde las contrapartidas son nítidas", como pueden ser el "garantizar los puestos de trabajo", no así en ámbitos más generales. "En este sentido, todo lo que sea permitir que los acuerdos de empresa tengan mayor importancia sería bueno", ha añadido.
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