Las tres principales eléctricas españolas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, han pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que retire la petición de medidas cautelares que ellas mismas presentaron el pasado 10 de enero en contra de la aplicación del real decreto del carbón nacional.
De hecho, finales de enero el ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró que las empresas se habían comprometido a retirar los recursos ante el Tribunal de Luxemburgo.
Una vez solicitado el desistimiento de las cautelares, el tribunal debe pronunciarse sobre esta cuestión. A finales de octubre, el organismo ya decidió aplicar medidas cautelarísimas y bloquear de esta forma contra todo pronóstico la puesta en marcha del decreto.
La solicitud de las eléctricas ante Luxemburgo se produce después de que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional hayan desestimado mantener medidas cautelares sobre la aplicación del real decreto del carbón. Las fuentes ven probable que las empresas también retiren los recursos presentados ante estas dos instituciones.
Reunión con mineros
El escrito fue presentado anoche y la decisión no implica de momento la retirada de los recursos judiciales, aunque supone 'de facto' el desbloqueo del real decreto que incentiva la quema de carbón autóctono en centrales térmicas, según recoge Cinco Días. Además, Sebastián tiene prevista una reunión esta tarde con las empresas mineras, a las que comunicará la noticia.
En concreto, la solicitud inicial de cautelares había sido presentada por las eléctricas contra la decisión de la Comisión Europea de autorizar como una ayuda de Estado la compra de mineral por parte de las empresas para generar electricidad a un precio regulado.
La Comisión Europea aprobó el pasado 29 de septiembre, tras varios aplazamientos, el plan español de ayuda al sector del carbón tras concluir que respeta las normas comunitarias sobre subvenciones públicas, pero exigió como condición al Gobierno que no conceda más subvenciones después de 2014.
Las eléctricas recurrieron esta decisión por considerar que las ayudas no son compatibles con el mercado común porque penalizan al carbón importado, no están justificadas por problemas de seguridad de suministro en España que justifiquen su concesión, fomentan el funcionamiento de instalaciones que emiten gases de efecto invernadero, y aumentan "innecesaria y desproporcionadamente" el gasto público.
España pide al TUE que no paralice el decreto del carbón
