Economía.- Jordi Carulla (Agrolimen) defiende la legalidad del entramado de empresas de su familia

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

Jordi Carulla, uno de los propietarios del conglomerado empresarial Agrolimen, ha defendido este jueves ante el juez la legalidad del entramado de empresas propiedad de su familia, según fuentes judiciales.

El juez investiga a los dueños de Agrolimen por presuntamente haber utilizado el entramado de empresas para evadir impuestos y las pesquisas se centrarían en la venta de unas acciones del grupo familiar a dos sociedades de un paraíso fiscal controladas a su vez a través de dos sociedades también de la familia, con el objetivo de eludir los impuestos españoles.

En su declaración como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, que ha durado poco más de dos horas, Carulla ha explicado que en el año 1983 vendió sus acciones de Agrolimen y se fue a vivir a Estados Unidos, donde inició varios negocios.

En 1994 quiso volver a invertir en Agrolimen y fue entonces cuando inició de nuevo relaciones con el entramado familiar, según fuentes judiciales.

NUEVA DOCUMENTACIÓN

Jordi Carulla ha asegurado que la decisión de situar algunas de las empresas en paraísos fiscales de Sudamérica y de las Antillas Holandesas se basa en motivos de estructura corporativa y entregará nueva documentación para justificar varias de las operaciones de algunas de las empresas de las que es administrador.

Además, en los últimos días, ha aportado más de 50 documentos para justificar, entre otros, su residencia fuera de España desde principios de los 80, por lo que no tiene obligación legal de tributar en España.

A la salida de la declaración, los abogados de Carulla, Emili Zegrí y Fermin Morales, han destacado que las diligencias de investigación parten de un informe genérico de la Agencia Tributaria, en el marco de otra operación, y que no hay un expediente tributario ni un informe de delito fiscal.

Según fuentes judiciales, ahora deberá analizarse toda la nueva información aportada y pedir que se cuantifique el importe del dinero presuntamente defraudado, delimitando las fechas -entre 2005 y 2009_y las operaciones concretas que podrían haber sido fraudulentas.

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