El Gobierno reconoce que el decreto del carbón "puede suponer una reducción de la producción" de las centrales gallegas

El Gobierno central reconoce que cuando se ponga en marcha el real decreto del carbón "puede suponer una reducción de la producción" de las centrales gallegas de Meirama y As Pontes, pero puntualiza que "en ningún caso" provocaría su cierre porque "son fundamentales para el sistema eléctrico español".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 (EUROPA PRESS)

En respuesta a una pregunta escrita del diputado del BNG Francisco Jorquera, el Gobierno argumenta que el impacto de la puesta en marcha del real decreto del carbón, contra el cual la Xunta ha presentado un recurso, "será limitado" para las centrales gallegas.

Así, aunque reconoce que sí afectará, puntualiza que se tratará de un "impacto de corto plazo" que "no es extrapolable una vez la situación se haya normalizado", tras una primera fase en la que "se hará un esfuerzo por normalizar lo más posible la situación acumulada en los meses de parón de las centrales de carbón autóctono".

VIABILIDAD ECONÓMICA

El Gobierno entiende que la "viabilidad económica" de Meirama y As Pontes "está asegurada" tras el "gran esfuerzo inversor" que realizaron para reducir su impacto ambiental. Además, apunta que "seguirán jugando un importante papel" en la resolución de los problemas técnicos de red zonal y añade que otra vía de ingresos podría ser, los derechos de CO2 que no se utilicen.

En su opinión, estas alternativas son "suficientes" para garantizar el funcionamiento de las centrales gallegas "aún en condiciones de mínima producción".

En cualquier caso, la respuesta apunta que el Ministerio de Industria analizará el comportamiento del mercado tras los primeros meses de aplicación del real decreto para, atendiendo a la evolución de la demanda eléctrica y las perspectivas, acometer "las adaptaciones necesarias para garantizar una estructura de generación en la que las centrales gallegas de carbón importado van a seguir presentes".

En su iniciativa parlamentaria, Jorquera alertaba al Gobierno sobre las negativas consecuencias de la aplicación del decreto del carbón para las térmicas gallegas y reclamaba al Ejecutivo que abriese un proceso de diálogo con los distintos agentes implicados.