Madrid, 19 sep (EFECOM).- La lucha contra la siniestralidad laboral es el objetivo del protocolo marco firmado hoy por los Ministerios de Interior y Trabajo, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que contempla, entre otras actuaciones, la pena de cárcel por imprudencia profesional.
Los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Trabajo, Jesús Caldera, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido firmaron el acuerdo al que se han adherido los sindicatos CCOO y UGT, mientras que la CEOE se ha desmarcado.
Fuentes de la patronal explicaron a EFE que la CEOE está "prácticamente de acuerdo con la totalidad del protocolo" y ha estado en todas las reuniones previas a la firma, aunque difiere con una cláusula que "concede un plus de acción sindical" y permite a los sindicatos personarse en los procesos judiciales.
El acuerdo establece tres protocolos de actuación: en el caso de accidentes con resultado de muerte o lesiones graves o muy graves; en la indagación de los delitos de riesgo y en la ejecución de las sentencias condenatorias.
También contempla la colaboración entre los diferentes organismos administrativos y facilita a jueces y fiscales, entre otros, la investigación de la titularidad mercantil para evitar que los empresarios puedan eludir su responsabilidad.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, dijo que a pesar de que la situación en términos objetivos está "mejorando" y desde 2006 el índice de siniestralidad ha caído un 5,3 por ciento, "el nivel más bajo en 21 años", la situación exige una "mayor beligerancia".
Destacó los tres protocolos específicos de actuación que recoge el convenio para que ningún supuesto penalmente responsable quede "sin investigarse ni enjuiciarse" y que se condene a los sujetos responsables del siniestro con el máximo rigor que corresponda "incluida la pena de prisión".
Para Rubalcaba, la siniestralidad laboral es "una catástrofe" con la que no se puede vivir "resignadamente" y señaló que se debe concienciar a la sociedad de la importancia del fenómeno y mejorar la eficacia en materia de vigilancia y control.
Dijo que los agentes implicados "deben sentirse parte de un mismo proyecto", con un sistema basado en la mutua colaboración que garantice una mayor eficiencia en las actuaciones. .
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido se refirió a determinados delincuentes que "haciéndose pasar por empresarios" buscan lucro a costa de la vida de los trabajadores y "ahorran" en seguridad para abaratar lo costes de su negocio.
Mediante el acuerdo firmado hoy, dijo, no se trata de perseguir "en absoluto" a los empresarios honrados, sino a "delincuentes que se hacen pasar por empresarios".
A su vez, el presidente del CGPJ, afirmó que no hay progreso económico y social que merezca la pena si es a costa de poner en peligro el bien más preciado, "la vida", ni actividad laboral que merezca el calificativo de "digna" si no se garantiza el respeto de los más elementales derechos del trabajador.
Calificó el protocolo como "modelo de colaboración", que pone de manifiesto un "empeño común" de las instituciones implicadas para erradicar la "lacra social" y dijo que la multiplicidad de ámbitos jurídicos también puede ser fuente de ineficacia si no existiera la "debida coordinación".
El secretario confederal de Estudios de CCOO, Fernando Puig-Samper y la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Dolors Hernández, valoraron el acuerdo, y coincidieron en la necesidad de financiar los recursos necesarios para su desarrollo y se aumente, tanto el número de inspectores como el de policías judiciales, para que no se quede "en papel mojado". EFECOM
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