MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente de la Confederación Española de Empresarios del Juego (COFAR), Eduardo Antoja, ha criticado el anteproyecto de Ley del Juego que ha elaborado el Gobierno y ha advertido de que la asociación llevará el caso "donde sea necesario" para conseguir que se reconozcan sus reivindicaciones.
Así, durante el desayuno debate 'La Nueva Regulación del Juego: Horizonte normativo y homogeneización del sector', organizado por Gestiona Forum en Madrid, Antoja ha lamentado que el Gobierno haya escuchado sus peticiones y ha subrayado que acudirán a otras instancias para hacer valer su opinión.
Asimismo, el portavoz de COFAR se ha mostrado en contra del actual régimen de concesiones y ha subrayado la necesidad de que la nueva ley regule "todos los canales" de apuestas, ya que actualmente "el juego 'online' se salta toda fiscalidad".
Por su parte, el portavoz de la Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI), Sacha Michaud, ha exigido que en la Comisión Nacional del Juego, a la que el anteproyecto convierte en órgano regulador del sector, exista una representación de las apuestas 'online'. Asimismo, ha opinado que LAE deberían tener las mismas condiciones que el resto en el momento en que se privatice.
Sobre los nuevos impuestos al juego, Michaud ha abogado por seguir el ejemplo de Inglaterra, al que ha calificado de mercado "maduro" y
cuyos operadores pagan impuestos sobre lo que ganan, a diferencia de lo previsto en el anteproyecto de ley que establece como base imponible del nuevo impuesto del juego los ingresos brutos de las casas de apuestas, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego.
Mientras, el director general de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Comunidad de Madrid, Fernando Prat, considera necesaria la regulación estatal del juego 'online', ya que garantiza el control de los movimientos financieros y ha apostado por un sistema abierto, como el actual modelo Británico, que no limite la oferta del juego al país.
Asimismo, ha propuesto un escenario de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para que las normas de cada uno de ellos no entren en conflicto y ha discrepado de las competencias que el anteproyecto otorga a la Comisión Nacional del Juego. En su lugar, Prat ha abogado por crear un órgano interadministrativo, como el Consejo de Política Fiscal, con competencias ejecutivas donde participen Gobierno y las autonomías.
