Madrid, 17 sep (EFECOM).- Varias acusaciones particulares y populares del caso Gescartera pidieron hoy al tribunal la nulidad de la apertura del juicio oral, por no haberse pronunciado -según ellos- sobre la imputación de varios responsables de la CNMV como Pilar Valiente y Luis Ramallo, exculpados en la fase de instrucción.
En la primera sesión del juicio oral, la defensa de Caja Madrid aprovechó para solicitar también la nulidad de este auto de la juez Teresa Palacios, por no haber ni motivos ni pruebas para pedir la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad financiera, en la que confían ahora varias acusaciones para recuperar parte de los 50 millones de euros de agujero patrimonial de Gescartera.
En cuanto a la acusación de ex altos cargos de la CNMV, el abogado de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae), Miguel Ángel Roca, reiteró que la Audiencia Nacional, antes del inicio del juicio, se pronuncie sobre la imputación de la ex presidenta Pilar Valiente y el ex vicepresidente Luis Ramallo, además del ex secretario de Hacienda, Enrique Giménez Reyna.
Todos ellos resultaron exculpados durante estos seis años de instrucción a pesar de que, según Adicae, existían "elementos suficientes" para su acusación, al igual que la de otros bancos como Bankinter, HSBC y Deutsche Bank.
A esta petición de nulidad se sumaron dieciséis abogados de 23 acusaciones particulares y populares diferentes, que pretenden utilizar esta vía como camino para buscar la responsabilidad civil del Estado y recupera algo más de los 26 millones en indemnizaciones realizadas por el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain).
Por otra parte, el letrado Carlos Aguilar Fernández pidió también la nulidad del auto de apertura de juicio oral, pues no se ha detallado ni cuantificado el daño presumiblemente producido por Caja Madrid Bolsa a los clientes de Gescartera, que gestionó unos 1.743 millones de pesetas (10,43 millones de euros).
Ni el fiscal ni las acusaciones, según Caja Madrid, han determinado el daño de una entidad que fue la que denunció la falsificación de los sellos por parte de Gescartera, el "detonante" de la intervención en junio de 2001, y se ha enfrentado a esta responsabilidad después de que, en 2005, la sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional exonerase al Estado de cualquier culpabilidad.
Por otra parte, el abogado Miguel Bajo, que defiende al principal imputado de Gescartera, Antonio Camacho, centró sus cuestiones previas en demostrar que fue el fundador de Gescartera quien aportó dinero a la agencia de valores, pese a que el fiscal pide once años de cárcel por el agujero patrimonial de 50 millones de euros.
Incluso la letrada de Bolsa Consulting, empresa a la que se le pide responsabilidad civil, criticó que en la instrucción no se aceptase documentación que demuestra cómo Camacho y su padre estuvieron durante años soportando minusvalías de clientes de Gescartera, así como de movimientos de cuentas del BBVA en las que el acusado daba préstamos a la sociedad de hasta 600 millones de pesetas (unos 3,6 millones de euros).
Bajo también pidió que se excuse la asistencia al juicio de la mujer de Camacho, Laura García Morey, también imputada, para que atienda a sus dos hijas (María y Elena), ya que una de ellas es un bebé de dos meses.
Asimismo pidieron no asistir al juicio, por otras causas de salud y laborales, Pilar Giménez Reyna; por los daños psicológicos que le ha producido el sumario y dado que tuvo que pasar varios meses en prisión, la madre de Camacho -Pilar Friaza-, que hoy no pudo asistir por depresión; Ángeles Leis, Agustín Fernández Ameneiro, Carlos Pascual Ortíz y José Alfonso Castro Mayoral.
En las cuestiones previas, las representaciones de otros imputados como José María Ruiz de la Serna, Anibal Sardón y Francisco Javier Sierra de la Flor adujeron que el registro de Gescartera y la imposibilidad de acceder a la documentación han podido romper el derecho a la tutela judicial efectiva, mientras que la defensa de Julio Rodríguez Gil pidió el archivo de las actuaciones respecto a este acusado.
También los representantes del entramado de sociedades que rodeaban a Gescartera lamentaron, entre las "lagunas" del procedimiento, que no se hayan incluido las cintas de operaciones requisadas en el registro efectuado en la sede de la sociedad, ya que demostrarían como Gescartera hablaba con sus clientes y realizaba operaciones. EFECOM
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