Badajoz, 17 sep (EFECOM).- El operativo conjunto de la Guardia Civil y la delegación territorial de Inspección de Trabajo detectó 25 contratos ilegales a extranjeros en las explotaciones agrarias cercanas a Santa Marta de los Barros (Badajoz), según informó hoy la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira.
La Comisión de Trabajo y Seguridad, con representantes de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se reunió hoy en la Delegación del Gobierno para diseñar un protocolo de actuación contra la contratación ilegal de trabajadores.
La campaña de control del fraude en la contratación laboral desarrollada la pasada semana en la zona de Santa Marta de los Barros se saldó con más de una veintena de trabajadores empleados en situación irregular en España, al no disponer de los permisos pertinentes del Gobierno español.
Este dispositivo se organizó tras conocerse la ubicación de un asentamiento de alrededor de un millar de ciudadanos de etnia gitana y procedencia rumana y portuguesa que llegaron a la localidad pacense para trabajar como temporeros en los procesos de recogida de la uva y la aceituna.
Con el objetivo de solucionar esta problemática y no afectar a la producción de estas materias primas, Pereira anunció hoy que ofrecerán a los empresarios agrícolas la posibilidad de resolver los permisos de trabajo de forma excepcional en un periodo de "tres o cuatro días".
Sin embargo, pidió a las organizaciones agrarias que en sucesivos procesos hagan una "predicción" de sus necesidades de empleados extranjeros y tramiten la documentación necesaria en los plazos establecidos por la legislación vigente.
En este sentido, aseguró que en futuras recolecciones "seremos inflexibles e intolerantes con la contratación irregular porque no vamos a permitir la proliferación de la economía sumergida, la explotación de los trabajadores y la vulneración derechos trabajadores extranjeros".
Respecto al posible levantamiento del asentamiento de rumanos, Pereira manifestó que aún "no existe una orden judicial" que lo determine y que seguirán colaborando con el resto de administraciones y organizaciones no gubernamentales para garantizar la salubridad de los inmigrantes. EFECOM
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