Controladores.- La Fiscalía de Málaga envía la investigación al juzgado por posible delito

MALAGA, 25 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Málaga ha remitido este martes al Juzgado Decano de la capital las diligencias de investigación penal que abrió para investigar el presunto abandono del servicio por parte de controladores del aeropuerto malagueño la tarde del viernes día 3 y el sábado día 4 de diciembre pasado. Entienden que los hechos pueden ser un delito contra el tráfico aéreo o de abandono del destino.

Estas diligencias se iniciaron para averiguar si en el control de aeródromo o torre o en el de aproximación de Málaga hubo abandono o dejación de funciones por parte de los controladores, para lo que se requirió a Aena que informara al respecto, respondiendo este organismo con una relación de 14 personas, a las que la Fiscalía citó a comparecer en compañía de abogado.

Según han informado fuentes fiscales, tras las diligencias practicadas, se considera que los hechos podrían ser constitutivos de sedición o delito contra el tráfico aéreo, del artículo 20 y siguientes de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, que se refiere a los que se oponen al cumplimiento de órdenes o si el hecho se comete con la intención de interrumpir la navegación.

También se refiere esta legislación, de 1964, a "los miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el comandante o jefe respectivo".

Esta ley prevé tanto prisión menor, que según las fuentes, van de los seis meses y un día a los seis años; como prisión mayor, de los seis años y un día a los 12 años. No obstante, también se contempla que los hechos puedan corresponderse con un delito del artículo 409 del Código Penal, que se refiere a los que promuevan u organicen "el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público".

En este caso, se prevé multa de ocho a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Un segundo apartado del artículo se refiere a "las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono del servicio con grave perjuicio de éste o de la comunidad", para los que se fija una pena de multa, que oscila entre los ocho y los 12 meses.

En el decreto de la Fiscalía malagueña se insta al Juzgado Decano de Málaga a que remita las actuaciones practicadas al juzgado de instrucción que corresponda para que éste inicie el procedimiento correspondiente "en averiguación de los hechos y personas responsables". Este decreto se comunica también a los denunciados y a los perjudicados.

Los tres primeros controladores en comparecer ante el fiscal lo hicieron el pasado día 22 de diciembre y se acogieron a su derecho a no declarar en las diligencias de investigación de la Fiscalía, sino a hacerlo, en su caso, en presencia del juez predeterminado por ley. El resto, otras 11 personas, comparecieron ya este mes de enero y también se acogieron a ese derecho constitucional.

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