El PSOE no espera acuerdo con la izquierda y aspira a pactar con el PP un voto particular
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso de los Diputados votará este martes el informe de la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones, al que varios grupos parlamentarios presentarán votos particulares en los que coincidirán en remarcar su rechazo a la ampliación de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años.
El PP, el bloque que conforman ERC, IU, ICV y BNG --al que podría sumarse Na Bai--, y UPyD, ya han confirmado su intención de someter a votación de la Cámara Baja sus propuestas alternativas al texto que la Comisión aprobó el pasado 29 de diciembre, si bien otras formaciones, como CiU, que en un primer momento expresaron su satisfacción con el acuerdo, no descartan proponer nuevos cambios.
Este debate servirá además para que el ex ministro de Trabajo socialista Jesús caldera se 'presente' desde la tribuna como interlocutor en materia de pensiones de su grupo parlamentario en la Cámara Baja, de cara a la negociación de la nueva ley de reforma de las pensiones que se iniciará en las próximas semanas. No obstante, la hasta ahora portavoz del PSOE en la Comisión, Isabel López i Chamosa, mantendrá este puesto.
La diputada ha explicado a Europa Press que ve difícil de entrada alcanzar un consenso sobre el voto particular que, de manera conjunta, presentarán ERC, IU, ICV y BNG, que mantienen su rechazo global al informe, mientras que permanecen a la espera de conocer la propuesta del PP para buscar un acuerdo. Los grupos tiene hasta el mediodía de este lunes para registrarlas.
Aunque el PP votó a favor de la aprobación del informe, los 'populares' justifican su voto particular como "reafirmación" en su oposición a la intención del Gobierno de elevar el retiro a los 67 años de una manera más explícita de lo que lo hace el documento que se debatirá en el primer Pleno de 2011.
Y es que el texto del informe logró poner en un aprieto al Gobierno al incluir entre las 21 recomendaciones el desacuerdo explícito a un eventual incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años y la 'censura' a la congelación de las pensiones del próximo año, con la exigencia al Ejecutivo de que no vuelva a aprobar una medida similar "sin la consulta y el debate" previó del Pacto de Toledo.
No obstante, la ambigüedad de las recomendaciones deja 'manos libres' al Gobierno para retrasar la jubilación y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones más allá de los 15 años que se toman de referencia en la actualidad.
PODER ADQUISITIVO
Asimismo, reclama que la Seguridad Social asuma sólo los gastos correspondientes al "estricto" mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, por lo que ha considerado que toda subida por encima del IPC sea sufragada con cargo a otros recursos financieros en aras de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, dejando al Gobierno la decisión de asumirlas.
Por otra parte, se considera "conveniente" estudiar la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Los diputados reclaman una única fórmula para la determinación de la base reguladora que se utiliza al calcular cada una de las prestaciones del sistema, que utilice "mecanismos homogéneos" para configurar la media de las bases de cotización que la conforman que se pondrán en marcha "de manera gradual".
AMAS DE CASA CON PENSION
Entre las novedades que introducen las nuevas recomendaciones, destaca la que plantea la posibilidad de un "incentivo fiscal" con el objeto de que los cónyuges "no presentes en el mercado de trabajo" puedan generar pensiones, así como mejorar los mecanismos para que el cuidado de los hijos se tenga en cuenta en el periodo de cálculo necesario para acceder al derecho a una prestación.
El informe defiende que se adopten iniciativas que ayuden a las mujeres a complementar sus aportaciones económicas con otros elementos como ventajas fiscales o situaciones "asimiladas al alta" a efectos de mejorar la pensión de jubilación, con el objetivo de configurar derechos de pensión propios.
La Comisión ve necesaria una "reordenación integral" de las prestaciones no contributivas para mejorar su cobertura y "colmar algunas lagunas", como sería la creación de una prestación no contributiva de orfandad, hoy inexistente con carácter general, o una "más adecuada regulación de las prestaciones familiares".
En esta línea, también plantea que la pensión no contributiva de orfandad se extienda hasta que el beneficiario cumpla 25 años o "como máximo" hasta que concluya el año en que alcance esa edad si cursa estudios.
