El Ministerio de Trabajo abandona su objetivo de unificar los criterios autonómicos para combatir el desempleo. El eslogan de la secretaria de Estado de Empleo de que los parados recibirán el mismo trato sean de la comunidad autónoma que sean ha caído en el olvido. A pesar de que, en el segundo borrador de la reforma de las políticas activas de empleo, el Gobierno obligaba a que todas las oficinas del Inem ofrecieran los mismos servicios a los desempleados y a las empresas, las comunidades han ganado la partida y le han hecho rectificar.
Los representantes de todas las autonomías se reunieron hace unos días para exigir al Ministerio que cambiara su propuesta. Después de enviar un comunicado conjunto a la secretaria de Estado mostrando su malestar, Trabajo les ha enviado un nuevo borrador en el que se les da vía libre a que puedan destinar los fondos de Empleo a las actuaciones que consideren.
Por tanto, las comunidades no están obligadas a entrevistar personalmente a los parados, acreditar su formación o realizar una selección de candidatos con pruebas personalizadas a todas las empresas que lo soliciten. El nuevo borrador tan sólo recomienda una cartera de servicios que sería conveniente que todos los territorios ofrecieran a las personas desempleadas, a las ocupadas y a las empresas.
Deben cumplir unas metas
No obstante, las comunidades sí que tienen que cumplir ciertos objetivos. Según el nuevo texto, el Ministerio establecerá unas metas que los servicios públicos de empleo autonómicos deben alcanzar.
El resultado se determina en función del número de parados que oriente, forme e inserte en el mercado laboral. Además, también influirán las condiciones de las propias comunidades autónomas, es decir, la actividad económica que tengan, su tasa de paro, etcétera.
Las comunidades autónomas alegaron que no podían hacer frente al aumento de trabajo que suponía la nueva reforma. Realizar un itinerario laboral a cada uno de los 4,6 millones de parados y además elaborar un diagnóstico personalizado cuesta mucho dinero y lleva bastante tiempo.
Y todo ello sin incrementar los recursos económicos, ya que la partida dirigida a fomentar el empleo decrece un 5,5 por ciento para 2011 en relación con el presupuesto de 2010 hasta los 7.322,8 millones.
De hecho, la única medida dirigida en este sentido ha sido la incorporación de 1.500 nuevos orientadores laborales que se repartirán por todo el territorio nacional.
Más dinero para los sindicatos
Otra queja de las autonomías fue que no estaban dispuestas a que la ley les obligara a destinar la mitad de sus fondos a las famosas Opeas (acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo). Es decir partidas destinadas a sindicatos, patronal y organizaciones sin ánimo de lucro (fundaciones adheridas normalmente a sindicatos). Con estos fondos se supone que los agentes sociales a nivel autonómico orientan a los desempleados para reinsertarlos de nuevo en el mercado laboral.
Esta práctica no está bien vista por la mayoría de las autonomías, que considera que se aprovecharía mejor ese dinero si se contratara a más personal para orientar a los desempleados en las propias oficinas autonómicas, según afirman fuentes conocedoras de este encuentro.
No obstante, esta crítica no fue remitida al Ministerio de Trabajo de forma conjunta, ya que algunas comunidades se negaron a cambiar este aspecto de la reforma.
Reforma profunda del INEM
