Economía/Fiscal.- La Fundación Alternativas propone recuperar Patrimonio y elevar el mínimo exento a 600.000 euros

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Fundación Alternativas ha propuesto recuperar el desaparecido Impuesto sobre el Patrimonio e introducir algunos cambios para mejorar el tributo, como elevar el mínimo exento, anteriormente situado en el entorno de los 100.000 euros, hasta los 600.000 euros.

Así lo ha puesto de manifiesto el profesor de la Universidad Autónoma César Martínez durante la presentación del estudio de la fundación 'La imposición sobre el patrimonio como instrumento para una distribución equitativa de la riqueza', donde ha considerado este impuesto un buen instrumento para exigir una mayor aportación a los que más tienen.

Sin embargo, Martínez se ha mostrado partidario de introducir una serie de cambios en el impuesto que pasan por elevar el mínimo exento a 600.000 euros, lo que reduciría el número de contribuyentes desde el millón de personas que pagaron al Fisco por este tributo en 2007 a 250.000 contribuyentes.

A pesar de esta reducción en el número de pagadores (cercana al 75%), la recaudación del impuesto sólo bajaría un 18%, ya que Patrimonio seguiría aportando una cantidad cercana a los 2.000 millones a las arcas del Estado, tal y como hacía en el pasado. Esto es así porque más del 70% de la recaudación del impuesto, según los datos del último año en el que se tributó por este concepto (2007), procede de las fortunas que superan los 750.000 euros.

Estos contribuyentes representaron sólo el 10% de todos los que tributaron por este concepto entonces, cuando pagaron al Fisco desde 3.138 euros (las fortunas de entre 750.000 y 1 millón de euros, que representaban el 5,23% del total) hasta 124.158 euros (las fortunas que superaban los 10 millones de euros y que suponían sólo el 0,15% de los pagadores de Patrimonio).

Para el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, esta modificación acabaría con el argumento de que el Impuesto del Patrimonio perjudica a la clase media y permitiría que las grandes fortunas españolas hicieran una aportación mayor a las arcas públicas.

Otro de los cambios que propone el profesor Martínez en el estudio de la fundación afín al PSOE es revisar los criterios de valoración de los bienes inmuebles para aproximarlos a su valor real de mercado utilizando el concepto de valor real o valor de mercado previsto en otros impuestos como de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Asimismo, se inclina por suprimir la exención del patrimonio ligada al ejercicio de actividades económicas para evitar que se creen sociedades patrimoniales "más o menos ficticias" que permitan eludir el pago del impuesto. En su lugar, propone crear una reducción del 60% en la base imponible para aflorar los patrimonios más elevados y, al mismo tiempo, seguir incentivando el uso productivo de bienes y derechos. Esta medida también elevaría la recaudación del impuesto, aunque el estudio no calcula cuánto.

MARGEN DE MANIOBRA A LAS CC.AA.

Finalmente, apuesta por adecuar el tributo a las circunstancias personales del contribuyente con mínimos exentos superiores para los que tengan ascendientes o descendientes a cargo o para discapacitados, al tiempo que propone extender la obligación de declarar el patrimonio a todos los contribuyentes con una riqueza superior a los 300.000 euros para potenciar el control y suministrar una información tributaria valiosa.

El Impuesto sobre el Patrimonio, que en realidad sigue existiendo pero cuenta con una bonificación del 100% para todos los contribuyentes, está cedido a las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia normativa para establecer el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones.

En este sentido, el estudio propone que la recuperación del tributo sea de aplicación en todo el país y que sea el Estado el que marque, al menos, un umbral para el mínimo exento general y la tarifa, de forma que las comunidades tengan margen de decisión pero dentro de unos límites. Así, el Estado podría decir que el mínimo exento tiene que estar entre 500.000 y 650.000 euros y dar ese margen a las regiones.

LÍMITES A LAS DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES

De la misma forma, podrían establecerse tipos mínimos y máximos para que cada comunidad adopte el tipo que considere oportuno dentro de ese intervalo. En cuanto a las deducciones y bonificaciones, podría establecerse que en ningún caso superen el 20% de la cuota. Si todo esto no fuera posible, el estudio propone que las comunidades creen un Impuesto del Patrimonio propio, a pesar de que esta medida suponga ciertos inconvenientes, ya que aún no se ha derogado expresamente el impuesto estatal.

En cualquier caso, el autor del estudio ha dejado claro la necesidad de recuperar este impuesto por razones de "equidad y de justicia", por el efecto de redistribución progresiva que genera, por su contribución a la reducción del déficit público y por ser un buen complemento para otros impuestos como el IRPF a la hora de evitar el fraude fiscal aportando información comparativa muy útil sobre las grandes fortunas.

Por su parte, Sartorius ha asegurado que fue un "error" suprimir un impuesto que aportaba una recaudación equivalente a la congelación de las pensiones. "Cuando se mete la pata lo primero que hay que hacer es sacarla", ha señalado, tras animar al Gobierno a dar marcha atrás como hizo con la deducción de 400 euros en el IRPF y los 2.500 euros por nacimiento, "regalos fiscales" que no se tenían que haber hecho.

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