MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El presidente del PP, Mariano Rajoy, dedicará su primer duelo parlamentario de 2001 con el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, a la situación del empleo juvenil en España, que lidera con un 40%, la tasa de paro de este colectivo en la Unión Europea.
El PP centrará en la crisis la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras el descanso navideño, con una batería de tres preguntas y una interpelación, según ha explicado en rueda de prensa la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría.
En este sentido, la diputada 'popular' ha señalado que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha calificado de "escandalosos" los datos de desempleo juvenil que anota España y que son, según ha recalcado, "muy diferentes" de los de países como Alemania u Holanda, donde la tasa de paro juvenil ronda del 9 por ciento.
Tras el 'rifirrafe' entre Zapatero y Rajoy, la propia Sáenz de Santamaría se dirigirá al vicepresidente primero del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba para reprocharle que Ejecutivo haga "recaer la mayor parte de la crisis en la clase medias", tras la subida del 3% de la inflación en 2010, que ha convertido la "cuesta de enero en un 8.000 para algunas familias".
SALGADO RESPONDE POR LAS CAJAS.
Esta cuestión será objeto también de una interpelación al Gobierno, debate que los 'populares' aprovecharán para presentar un paquete de propuestas con el objeto de "paliar el fuerte aumento de coste de la vida de todos los españoles".
Asimismo, Salgado deberá responder a una pregunta del diputado 'popular' Ramón Aguirre sobre el proceso de reestructuración de las cajas de ahorro, que para el PP debe tener el objetivo principal de salvar las dificultades para el flujo del crédito a familias y empresas, "un obstáculo para la recuperación económica".
Precisamente, el Gobierno está manteniendo contactos con el PP para acelerar la "modernización de las cajas", pero sin que se hayan cruzado todavía propuestas concretas respecto a un supuesto interés del Ejecutivo en que las entidades fusionadas opten por su conversión en banco, una opción que para los 'populares' no puede ser "obligatoria", mucho menos a través de una reforma legal.
