Madrid, 9 jun (EFECOM).- Cuando se cumple exactamente un mes de la intervención judicial de las sedes de Fórum Filatélico y Afinsa, consumidores y representantes de los 400.000 afectados por la presunta estafa de ambas compañías piden que se dote de más medios a los juzgados penales y mercantiles para que se agilicen sus reclamaciones.
Según fuentes jurídicas, los juzgados de la Audiencia Nacional tienen problemas para aceptar las personaciones de numerosas acusaciones particulares, que al no haber sido atendidos no pueden acceder a partes básicas de la investigación, como la declaración de los detenidos o los informes de la Agencia Tributaria.
Y es que los titulares de los Juzgados Centrales de Instrucción número 1 y 5, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, están a la espera de mayor dotación de medios humanos y materiales para tramitar las denuncias de los afectados.
No están en mejor situación los jueces de lo mercantil encargados de los concursos -suspensiones de pagos- de sendas empresas, José Manuel Vicente Bobadilla y Santiago Senent, que están a la espera de que se les aprueben jueces y personal de apoyo.
En espera de contar con más medios y, sobre todo, con el objetivo de facilitar al máximo los trámites a los usuarios, los cuatro jueces se han reunido para intentar poner en marcha una "ventanilla única", con página en Internet propia, a través de la que se puedan tramitar todas las acciones de los afectados y las partes puedan acceder a los documentos del proceso.
Los 400.000 afectados, según explicó la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Francisca Sauquillo, cree que "lo lógico" sería que existiese ya la anunciada "ventanilla única" para atender las acciones de los afectados por ambas vías, para lo que ha pedido una mayor coordinación al Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La preocupación de la máxima representante de los consumidores se centra, fundamentalmente, en la personación en la vía concursal, ya que los derechos de cada afectado a recuperar su inversión han de ser defendidos a través de un abogado y procurador.
Hasta el momento, ninguno de los dos juzgados mercantiles ha declarado el concurso necesario por insolvencia, paso necesario antes de la posible liquidación de los bienes de ambas compañías con los que hacer frente a los compromisos por más de 5.600 millones de euros que tienen Fórum Filatélico y Afinsa con sus clientes.
En el ámbito penal, continúa la investigación mientras los únicos detenidos que continúan todavía en la cárcel, en situación de prisión provisional, son el presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, y otros tres consejeros.
La defensa de estos cuatro ejecutivos pidió su libertad sin fianza, después de que el juez que tramita el caso de Afinsa decidiera esta semana sorpresivamente dejar en el libertad a los cinco detenidos relacionados con esa empresa.
Mientras la instrucción dedicada a Fórum acumula siete imputados -entre los que están también otro miembro del Consejo de Administración y el ex director general de la sociedad-, por la investigación de Afinsa también se ha imputado a otros siete personas relacionadas con el negocio filatélico.
No escapan a los cargos por falsedad de cuentas los responsables de las auditoras de Afinsa y Fórum Filatélico, Gestynsa Auditores Externos y Carrera Auditores, respectivamente, que fueron sancionadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), tras abrir un expediente a ambas por sus informes en 2002.
De cualquier manera, ahora el balance del patrimonio con el que ambas compañías pueden responder a sus acreedores depende del informe de los dos administradores judiciales, que tienen un mes para presentar una primera estimación ante los jueces de la Audiencia Nacional.
Mientras esperan esas valoraciones, los afectados tienen una preocupación más inmediata: cómo declarar a Hacienda los rendimientos de sus inversiones, que cotizan al tipo marginal, según las comunicaciones fiscales enviadas en semanas anteriores por Fórum Filatélico y Afinsa.
El Defensor del Pueblo pidió al Ministerio de Economía que los exonere de su obligación de tributar, igual que ha hecho una acusación particular en los dos juzgados de la Audiencia Nacional.
Entretanto, continúan celebrándose casi diariamente manifestaciones con diferentes convocantes sin señalar un responsable único de esta situación, una de las más complicadas a las que se han enfrentado los juzgados penales y mercantiles españoles, ya que -recuerdan fuentes jurídicas- afecta al 1 por ciento de la población. EFECOM
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