Economía.- El PP plantea modificar las ayudas fiscales a la internacionalización para salvar las objeciones de Bruselas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El PP ha presentado en el Congreso una batería de iniciativas en las que plantea cambiar la regulación de la amortización del fondo de comercio financiero en el Impuesto sobre Sociedades en los casos de adquisiciones de empresas extranjeras, con la intención de salvar las objeciones de la Unión Europea ante una medida que, a su juicio, el Gobierno socialista "no supo defender adecuadamente".

Estos incentivos, aprobados durante la etapa de Gobierno de José María Aznar, fueron considerados ilegales por la Comisión Europea por constituir una ayuda de Estado. Así, tras dictaminar en 2009 que este sistema constituía una ayuda pública ilegal en el caso de la adquisición de empresas de la UE, resolvió este miércoles que también debe suprimirse para la compra de compañías extracomunitarias.

Ante esto, el PP plantea que cuando se adquieran valores representativos de la participación en fondos propios de entidades no residentes en territorio español, la diferencia entre el precio de adquisición y el patrimonio neto de la entidad participada se impute a los bienes y derechos de la entidad no residente en territorio español.

Asimismo, el patrimonio neto consolidado a la fecha de adquisición en proporción a esa participación, también se imputará a los bienes y derechos de la entidad no residente en territorio español. Además, la parte de la diferencia que no hubiera sido imputada sería deducible de la base imponible con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe.

46% DEL PIB EN EL EXTERIOR.

Por otro lado, se precisa que las deducciones a la internacionalización no serán de aplicación a las adquisiciones de valores representativos de la participación en fondos propios de entidades residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea realizadas a partir de 21 de diciembre de 2007.

El PP justifica su propuesta para apoyar las inversiones internacionales de las empresas españolas, que tienen invertido un 46% del PIB en el exterior, "lo que ha consolidado fuertes grupos empresariales que fomentan las exportaciones y la tecnología española".

Con este objetivo, también ha presentado una proposición no de ley en la que solicita recuperar las deducciones para la internacionalización de la empresa española, así como definir y calcular las bases de retorno de las operaciones crediticias del Estado con el exterior.

Asimismo, propone establecer una evaluación sistemática del impacto de los instrumentos de apoyo a la internacionalización para renovarlos de forma permanente y mejorar su eficacia.

GARANTÍAS JURÍDICAS A LAS EMPRESAS.

También pide facilitar el acceso a las garantías que CESCE ofrece para fortalecer la posición de las compañías españolas en el exterior, así como crear una línea de apoyo jurídico para las pymes españolas en su proceso de internacionalización junto con un seguro de litigio jurídico para el conjunto de las empresas españolas en el exterior.

Además, insta al Gobierno a fomentar los Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones y de Doble Imposición, "claves para la seguridad jurídica de las empresas españolas", así como a crear instrumentos adecuados para detectar la presencia de barreras de entrada a los productos españoles en los mercados exteriores.

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