Controladores.- Una controladora de Málaga se acoge a su derecho a no declarar ante el fiscal

MALAGA, 12 (EUROPA PRESS)

Una controladora del aeropuerto de Málaga se ha acogido este miércoles a su derecho constitucional a no declarar en las diligencias abiertas por la Fiscalía malagueña para investigar un presunto abandono del servicio durante la tarde del viernes día 3 y el sábado día 4 de diciembre, según han informado fuentes fiscales.

A esta profesional se le ha informado de las diligencias iniciadas para averiguar si en el control hubo algún abandono del servicio y para determinar si las incidencias fueron consecuencia de esto o por un no funcionamiento del centro de control de Sevilla. Faltan otros ocho controladores que comparecerán a lo largo de la semana.

Estas citaciones se producen después de que la Fiscalía requiriera a AENA que informara de si se produjo abandono o dejación de funciones en los turnos de esos días, a lo que este organismo respondió con una relación de 14 personas, la mayoría de las cuales habían alegado motivos médicos.

Los primeros tres controladores en comparecer en relación con estos hechos, dos hombres y una mujer, lo hicieron el pasado día 22 de diciembre y se acogieron a su derecho a no declarar en estas diligencias, sino a hacerlo en su momento en presencia del juez predeterminado por ley. Entre el martes y el miércoles otros tres profesionales han hecho igual.

La Fiscalía sostiene inicialmente que podría tratarse del delito del artículo 409 del Código Penal, que se refiere a "las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizasen el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público". En este caso, se prevé multa de ocho a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Asimismo, en un segundo apartado de dicho artículo se habla de "las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad", para los que se fija una pena de multa, que oscila entre los ocho y los 12 meses.