Con el diálogo social roto, amenazas de huelga general constantes y unos raquíticos fondos para realizar la reforma de las políticas activas de empleo, el Ministerio de Trabajo ha decidido suprimir las ayudas directas de formación continua que el Presupuesto del Ministerio destina a los sindicatos y a la patronal, que se establecían en unos 400 millones de euros para 2011, según afirmó la semana pasada el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en su comparecencia en el Senado.
El objetivo es destinar más recursos a las comunidades autónomas para que éstas puedan atender a un mayor número de personas desempleadas en su búsqueda de empleo o bien a personas ocupadas.
Actualmente, de los 2.100 millones de euros que se prevén recaudar a través de las cotizaciones de formación continua para el próximo año, 500 millones se destinan a las autonomías, 400 millones a las bonificaciones de las cotizaciones de los nuevos contratos y los otros 400 millones a que los agentes sociales puedan impartir cursos de formación continua. Estos fondos se distribuyen al 50 por ciento entre las organizaciones sindicales y empresariales.
En estos momentos y con el actual sistema en vigor, los agentes sociales preparan proyectos de formación continua y los envían a la Fundación para la Formación Continua en las Empresas (Forcem), una vez aprobados reciben la partida para ponerlos en marcha.
Sin embargo, en la redistribución de fondos que el Ministerio de Trabajo quiere llevar a cabo, esta cuantía irá a parar a los servicios públicos de empleo de las autonomías, que a su vez podrán destinar la parte que estimen oportuna a los programas de formación continua impartidos por los sindicatos y las patronales.
"Nuestro objetivo es que la gestión de estos fondos quede fuera de lo que es la acción de empresarios y sindicatos habitualmente", afirmó el ministro de Trabajo. Pero aunque el ministerio marque la línea de actuación, tendrán que ser los propios agentes sociales los que "pacten cómo se va a llevar a cabo", explicó Gómez.
Acuerdos de formación
La distribución de dicha partida se deberá definir en los Quintos Acuerdos Nacionales de Formación Continua. En dicho convenios, los agentes sociales y Trabajo pactan los objetivos y la asignación del presupuesto obtenido de las cuotas de formación continua.
Los Cuartos Acuerdos vencen en diciembre de 2010 y, por ahora, todavía están pendientes de negociar los futuros. De hecho, aún no se han mantenido contactos formales, aunque, según aseguran fuentes sindicales y empresariales, sí que se han realizado algunas conversaciones informales.
En 2006, año en el que se firmaron los anteriores acuerdos, se incluyó, por primera vez, la transferencia de fondos económicos a las comunidades autónomas para que fueran gestionados directamente por ellas. Esta modificación se efectúa a raíz de algunas sentencias del Tribunal Constitucional de 2002, que dictaminaban que la Generalitat catalana y el Gobierno de Galicia tenían también derecho a dichas partidas.
La intención del ministro desde que aterrizó en Trabajo, según aseguran fuentes cercanas a Valeriano Gómez, era darle una vuelta de tuerca más a la formación continua y lo haría en los Quintos Acuerdos. Las organizaciones sindicales y empresariales no perderán su acción formativa, ya que podrán presentar sus proyectos a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, al igual que ahora los presentan a nivel nacional, y aunque todavía está por definir, probablemente sea la misma Forcem la que siga aprobando dichos proyectos.
No obstante, el destino de estos fondos los marcará la reforma de las políticas activas, es decir, Trabajo. Y es que, a día de hoy, a las comunidades autónomas tan sólo tienen la transferencia de la ejección de las políticas de empleo.
Así las cosas, a falta de conocer todos los detalles de la reforma, el Gobierno quiere priorizar la formación de los desempleados de larga duración, para añadir más tarde a los jóvenes sin formación.
Estas acciones las llevará a cabo restando margen a los programas nacionales de empleo (escuelas taller, talleres de empleo, contrataciones, etc.) y favoreciendo otras actuaciones de menor coste que incluyen orientación, formación y recolocación, que quedarán en manos de organizaciones sin ánimo de lucro, previsiblemente.
También invertirá la distribución de los fondos de formación continua para que, a partir de 2011, el 60 por ciento se destinen a los desempleados y el 40 por ciento, a los ocupados.
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