Hace dos semanas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, enviaba un mensaje de austeridad a los mercados: un paquete de medidas anticrisis que incluía la eliminación de los 426 euros a los parados que hubieran consumido la prestación de paro y el subsidio, el denominado programa Prodi, que casualmente ayer pasó el visto bueno del Congreso.
Sin embargo, el mismo día que se ponía punto y final a esta ayuda, la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, tal vez debido a su menor trascendencia mediática en el ámbito internacional, fue la encargada de anunciar una nueva ayuda económica dirigida a los beneficiarios potenciales de los 426 euros. Es decir, los parados que hayan consumido la cobertura económica del Inem y que en cuya unidad familiar no se perciban ingresos superiores al 75% del salario mínimo (477 euros mensuales, en total).
De hecho, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, declaró ayer que es "un tanto sorpresivo" que el anuncio lo realice la secretaria de Estado en vez del presidente del Gobierno, quien bien pudo hacerlo el día que informó de la intención de no prorrogar la ayuda de los 426 euros.
El nuevo subsidio se configurará a través de becas económicas a los cursos formación que realicen los desempleados que no perciban ingresos, y que actualmente se cuantifican en más de 800.000, según los datos de noviembre de los Servicios Públicos de Empleo.
De este modo, a pesar de que todavía no se ha definido cuál será el importe de esta nueva renta, en definitiva, se están prorrogando las ayudas a los desamparados del Inem.
En búsqueda de fondos
Después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, cerrará totalmente el grifo a la financiación de este subsidio, el Ministerio de Trabajo ha tenido que reestructurar las partidas destinadas a las políticas activas para extraer algunos fondos. Por un lado, la reforma de las políticas activas reducirá todavía más las bonificaciones a la contratación, para las que actualmente se destinarán, en 2011, 2.400 millones de euros.
De hecho, el borrador de la reforma de las políticas activas enuncia que "se espera que el gasto en bonificaciones de cuotas vaya aminorando progresivamente, para liberar recursos económicos". Al mismo tiempo, se está estudiando destinar menos fondos a los programas nacionales de empleo como las escuelas taller, que actualmente es la técnica de empleo más cara, de la que el Ministerio no se muestra demasiado satisfecho.
Para llevar a cabo este nuevo programa se contratarán a 1.500 orientadores laborales más, que se sumarán a los 1.500 que contrató Jesús Caldera en 2008 y que serán renovados para 2011.
La secretaria de Estado también anunció ayer que incrementará los fondos destinados a la formación de los desempleados en detrimento de la de los ocupados. Actualmente, los fondos de la formación se distribuyen: 60% para ocupados y 40% para desempleados. La reforma invertirá estos porcentajes.
Además, a partir del 31 de diciembre, las agencias privadas de empleo comenzarán a colaborar con los servicios de empleo a través de convenios firmados por las oficinas. Para poder trabajar con parados, dichas agencias deben tener suficiente actividad propia para no depender del Estado.
Despido colectivo, más rígido
Las presiones sindicales al fin han recogido algún fruto. La secretaria de Estado anunció ayer que no va a modificar las causas de despido definidas en la reforma laboral, pero el Ministerio sí que será "especialmente exigentes en los modos y fórmulas de acreditar" dichas causas en un ERE.
Asimismo, no pasarán por alto que un expediente no lleve un "plan de acompañamiento social" para que la empresa asuma su responsabilidad de recolocar y atender a los afectados en su búsqueda de empleo.
En términos legales, los ERE deben llevar un plan social de recolocación, pero tanto los sindicatos como las autoridades laborales suelen hacer la vista gorda si no se incluye. De hecho, en 2009, tan sólo el 12% de los Expedientes de Regulación de Empleo incluyeron un plan de recolocación.
Las CCAA y los parados sin prestación
