La Comunidad de Madrid ha presentado proyecto de modificación de la Ley de Cajas autonómica con la que busca limitar al 40% la presencia pública, dando más importancia a los impositores, y con la que pretende evitar que los consejeros de la entidad sean cargos políticos electos o cargos de la administración.
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, quien ha precisado que esta reforma pasa por "limitar al 40% la presencia pública, ganando peso los impositores" en la caja. También se incorporarán cuotas participativas con derechos políticos.
La nueva norma, según Beteta, "recoge la integración en el SIP en el ejercicio indirecto de la actividad financiera y la conversión en la Fundación".
Otro de los puntos a destacar es que los consejeros de la caja no van a poder ser cargos políticos electos ni cargos de la Administración. Asimismo, se "endurece" el régimen de retribuciones de la Presidencia Ejecutiva y de la Dirección General "estableciendo que no podrán tener otras actividades remuneradas".
La ley también establecerá que la Obra Social ejercida a través de fundación "va a quedar directamente sujeta al protectorado de la Comunidad Autónoma". Junto a ello, y a través del derecho transitorio, "la norma indica que estas modificaciones no hacen preciso adelantar los procesos electorales previsto con el fin de garantizar la buena marcha de la fusión, constitución del SIP, su Consejo de Administración", entre otras cuestiones.
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