Quito, 17 ago (EFECOM).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, autorizó hoy el levantamiento del secreto bancario de todas sus cuentas bancarias en el país y en el exterior.
El anuncio lo realizó en la misma semana en la que el Contralor del Estado, Carlos Polit, asegurase que investigará los bienes de Correa, sus ministros, los 100 diputados del Congreso y los 57 ex legisladores destituidos en esta legislatura para comprobar que no han incurrido en enriquecimiento ilícito.
La Presidencia informó hoy en un comunicado de que Correa le hizo saber a Pólit que "autoriza expresamente" el levantamiento del secreto bancario de todas sus cuentas de ahorro, corriente, o crédito en cualquier banco del país y del exterior, "las mismas que podrán estar a disposición de cualquier ciudadano ecuatoriano".
La Presidencia recordó que el jefe de Estado entregó, en enero pasado, a la Contraloría su declaración patrimonial juramentada de bienes, otorgada por un notario.
La indagación de la Contraloría se iniciará después de que el Congreso aprobara esta semana la investigación de las declaraciones de bienes de los 100 legisladores que forman la Cámara y las de los 57 ex diputados destituidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en marzo pasado.
Los altos dignatarios públicos tienen la obligación de hacer una declaración de bienes antes de asumir sus cargos.
En las últimas semanas, algunos ex legisladores destituidos han acusado al presidente del Congreso, Jorge Cevallos, de no haber registrado en su declaración de bienes varias propiedades valoradas en varios millones de dólares, extremo rechazado por el titular de la Legislatura.
Ciertos destituidos también han acusado de enriquecimiento ilícito a algunos diputados, sin que se hayan presentado pruebas.
Por su parte, algunos diputados han reclamado que, además de hacerse una investigación entre los legisladores, se revisen las declaraciones de bienes de los miembros del Gobierno.
La investigación se inicia en un momento en que Correa ha advertido de que, si su grupo político gana las elecciones para la Asamblea Constituyente, que se celebrarán el 30 de septiembre, disolverán el Congreso y dejarán una comisión legislativa en tanto se aprueba una nueva Carta Magna.
Los grupos de la Cámara, han rechazado la postura del presidente y han afirmado que la Constituyente, pese a tener plenos poderes, no puede legislar, juzgar o disolver instituciones, como el Congreso, hasta que no se haya aprobado la nueva Constitución en referéndum. EFECOM
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