El Tribunal de Cuentas considera que el Gobierno debe analizar la conveniencia de que las funciones en materia de infraestructuras ferroviarias que actualmente realizan el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Sociedad Estatal de Inversiones en Transportes Terrestres (Seittsa) se realice únicamente a través de la primera empresa pública, ya que presentaría "mayores ventajas" sin "repercutir" en el déficit público.
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas considera que el Gobierno debe analizar la conveniencia de que las funciones en materia de infraestructuras ferroviarias que actualmente realizan el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Sociedad Estatal de Inversiones en Transportes Terrestres (Seittsa) se realice únicamente a través de la primera empresa pública, ya que presentaría "mayores ventajas" sin "repercutir" en el déficit público.
En su informe de fiscalización sobre la financiación en infraestructuras ferroviarias desarrollada por ambas sociedades entre 2005 y 2008, recogido por Europa Press, el máximo órgano fiscalizador señala que la intervención de Seittsa en infraestructuras ferroviarias ha generado unos mayores costes de inversión en infraestructuras, al incorporar unos mayores gastos operativos de los que resultarían de la actuación de Adif.
En este sentido, sostiene que la creación de Seittsa no ha supuesto un aumento significativo de la realización de infraestructuras ferroviarias en ese periodo, ni ha dado lugar a la colaboración público-privada, ni ha minorado el impacto de la inversión en el déficit público, precisamente los objetivos por los que fue constituida a mediados de 2005, siendo su "única ventaja" una "cierta flexibilidad" en el régimen de contratación respecto a Adif.
Así, revela que inversión directa entre 2006 y 2008 fue "muy pequeña", de 145,5 millones de euros, un 1,2% de las que realizó Adif en el mismo periodo con sus propios activos, centrándose en el pago, por cuenta del Ministerio de Fomento, del coste de las inversiones en el tramo Alta Velocidad Orense-Santiago y para el mantenimiento de las red ferroviaria del Estado.
635 MILLONES POR "RETRASOS".
Además, señala que como "consecuencia del retraso en la ejecución de obras contratadas directamente por Seittsa", esta sociedad ha aplicado aportaciones del Estado, cuya finalidad era la ejecución directa de inversiones, a realizar pagos a Adif por importe de 635,5 millones de euros.
Asimismo, apunta que el pago del Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados en las ampliaciones de capital de Seittsa efectuadas por las aportaciones del Estado, equivale al menos al 1% de sus recursos disponibles, acumulando en entre 2005 y 2008 unos costes totales de 41,5 millones, "muy superiores al resto de gastos de la sociedad".
Por estos motivos, el Tribunal propone al Gobierno que la financiación por el Estado de las infraestructuras que promueve esta sociedad se realice por otros medios distintos de la aportación de capital, que puedan resultar más económicos y adecuados a la naturaleza real de la operación.
IMPORTANTES RETRASOS EN LAS OBRAS.
Por otro lado, el máximo órgano fiscalizador lamenta que la finalización de los grandes proyectos ferroviarios previstos en los Presupuestos de 2005 ha tenido "importantes retrasos que oscilan entre los tres y cuatro años".
Ante esto, aconseja que las previsiones relativas a las inversiones en infraestructuras ferroviarias de Adif y Seittsa se ajusten mejor a las "verdaderas capacidades de ejecución y financiación" que tengan en cada momento estas entidades.
No obstante, y aunque constata que el grado de cumplimiento de los presupuestos de Adif ha presentado "importantes desviaciones" entre lo realizado y lo previsto, precisa que el incremento de las inversiones materiales entre 2007 y 2008 ha hecho disminuir la diferencia negativa.
El Tribunal considera que las operaciones realizadas con la financiación de las inversiones de Adif han sido "en términos generales, adecuadamente gestionadas". En este periodo, las inversiones se han financiado con aportaciones del capital del Estado en un 47,8%, con subvenciones de la Unión Europea en un 25,6% y con endeudamiento neto a largo plazo en un 23,2%.
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