La cumbre que celebran hoy y mañana en Bruselas los dirigentes de la UE abrirá la puerta a que los bancos titulares de deuda de países de la zona euro al borde de la quiebra carguen con parte de la factura del rescate. Secundada por Francia, Alemania presiona para crear desde 2013 un mecanismo permanente para reflotar Estados del euro en apuros que contemple reestructuraciones de deuda.
La quiebra ordenada no se aplicaría a Grecia, que ya goza de un fondo de rescate de 110.000 millones de euros; ni a los países que hasta 2013 se acojan al fondo temporal de 750.000 millones cofinanciado por los países de la zona euro, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según fuentes comunitarias consultadas por elEconomista, el Banco Central Europeo (BCE) rechaza que la banca se vea obligada a arrimar el hombro en las quiebras estatales, igual que defiende a las entidades de crédito en debates como la creación de nuevos impuestos sobre el sector. Pero dado que Berlín y París financian el 50% de estos fondos y que amenazan con negarse a perennizarlos, el poder del BCE es escaso.
Posible acuerdo
La cumbre de hoy y mañana puede no anunciar un acuerdo inmediato. Lo más probable es que los Veintisiete encomienden al conservador belga Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, que estudie alternativas y presente un informe en marzo de 2011.
Entonces propondrá una mini reforma del Tratado de la UE para crear el mecanismo exigido por Berlín. Así se camuflará que es una imposición germana para calmar a los Estados irritados. Alemania asegura que su Tribunal Constitucional ilegalizaría la contribución alemana a todo mecanismo de rescate permanente si antes no se modifica el Tratado de la UE; que el contribuyente alemán no tolerará pagar más rescates como el griego; y que así los mercados limitarán la financiación y disciplinarán a los Gobiernos laxistas.
Y parece dispuesta a renunciar a exigir que los Estados con déficit desbocados pierdan el derecho de voto en las reuniones de la UE.
UE: Acuerdo sobre las sanciones por déficit