Convertir el actual modelo en uno público de capitalización solucionaría el impacto del envejecimiento de la población, pero la transición sería cara y la financiarían los jóvenes.
¿Tienen futuro nuestras pensiones? El envejecimiento de la población amenaza la sostenibilidad de la Seguridad Social. Y esto hace que surjan algunas dudas sobre el actual sistema de reparto.
Por ejemplo, si los trabajadores de hoy pagan a los pensionistas de hoy y dentro de unos años se duplicará el número de jubilados, pero no el de cotizantes, quién pagará las pensiones de los jubilados de mañana.
Está claro que el sistema necesita reformas y así lo creen los expertos y las fuerzas políticas. Pero ¿también es necesario plantear si tendríamos que caminar hacia un cambio de modelo? Sobre todo sí deberíamos orientar el régimen actual hacia un sistema de capitalización individual, en el que cada trabajador reserve una parte de su salario para crear su propia renta de jubilación.
Ventajas en el modelo chileno
Para el director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo, este modelo "estimula el ahorro, que, a su vez, se reinvierte, lo que supone una inyección de liquidez para el mercado de valores. Además, el país se hace más competitivo en cuanto a costes laborales -desaparece el gasto en cotizaciones para las empresas-. En definitiva, potencia el crecimiento económico".
El más claro ejemplo sobre los beneficios que aporta el sistema de capitalización se puede contemplar en la economía chilena. En 1981, el entonces ministro de Trabajo, José Piñera, reconvirtió el sistema de reparto en uno de capitalización. Eso sí, contaba con una población muy joven. La transformación del régimen ha generado una brutal capacidad de ahorro en los últimos treinta años. El valor de dichos fondos alcanzó, en febrero de 2010, 114.062 millones de dólares, unos 85.000 millones de euros. También ha potenciado el desarrollo del mercado de capitales y ha dado un impulso al país hacia la libertad económica. Esto se ha visto reflejado en el crecimiento económico del país. Entre 1991 y 1995 creció un 8 por ciento, de 1996 a 2001 aumentó a un ritmo del 3,35 por ciento y del 2002 al 2008, un 4,6 por ciento, según datos del Banco Central de Chile. El único temor del sistema de capitalización individual era qué sucedería si acaeciese una crisis financiera como la actual, que amenazara la viabilidad de estos fondos, pero tras el reciente colapso financiero el sistema se ha mantenido a flote.
Este sistema se está extendiendo en diferentes países sudamericanos, como Colombia, Perú o Argentina; en México e incluso en algún país europeo como Polonia. Pero, ¿sería posible y beneficioso instaurarlo en España?
Modificar el sistema español
Hay diferentes opiniones sobre la posibilidad de modificar el actual sistema de reparto en uno de capitalización individual. Para José Barea, economista y ex director de la Oficina Presupuestaria deMoncloa en la primera legislatura del Partido Popular, "es imposible pasar del actual sistema de reparto a uno de capitalización".
La razón se encuentra en la presión de gasto que se generaría en el periodo de transición de un modelo a otro.
"Cuando se pase a un sistema de capitalización y las contribuciones de cada cotizante vayan a un fondo individual, que cobrarán cuando lleguen a la jubilación, ¿quién pagará a los jubilados de ese momento?" El profesor Barea propone que la única vía es que "las pensiones las tendrá que pagar el Estado con nuestros impuestos". Pero el gasto en pensiones representa entre un ocho o un diez por ciento del PIB de forma anual. Su pago equivaldría 2,5 veces al PIB en pocos años. El "Estado no podrá pagarlo, al cabo de unos años acumularía un déficit superior al cien por ciento del PIB en pensiones. Es inasumible para el Estado".
Además, la situación se complica aún más si tenemos en cuenta la deuda pública que va acumulando España. "En la medida en la que va aumentando la deuda habrá más problemas para financiar un futuro déficit del sistema de pensiones", afirma Gregorio Izquierdo.
En Chile, el gasto de pensiones fue asumido por el Estado en el periodo de transición, que todavía no ha acabado. Pero ya antes el Gobierno aportaba una buena parte del pago de las pensiones. En 1970, el sistema chileno estaba fuera de control. Las cotizaciones aumentaron del 16 al 26 por ciento del salario y el Estado pagaba el 34 por ciento del gasto de estas prestaciones. Además de que la ratio entre trabajador-pensionista disminuía a un ritmo frenético.
Sin embargo, "no es lo mismo hacer el cambio en un país que tenía un sistema poco consolidado que hacerlo en un país con un sistema de reparto bien consolidado", advierte Sergi Jiménez-Martín, economista de Fedea y director de la Cátedra Economía de la Salud y Hábitos de Vida. Actualmente, el Estado español tan sólo contribuye en las pensiones no contributivas. Aunque todavía los complementos que aporta a las pensiones mínimas, que se deben sufragar vía presupuestaria, se financian con las cotizaciones de las empresas. Y es que el sistema todavía mantiene superávit, aunque, según la previsión de varios expertos, se evaporará este año.
"El sistema empezará a mostrar desequilibrios ya este año y sobre todo en los próximos años", explica Barea. Aun así, la Seguridad Social está respaldada por el Fondo de Reserva, dotado de 62.000 millones de euros.
Pese a tener un sistema bastante saneado, ?la transición de un sistema a otro es siempre muy costosa. De hacerse, lo mejor es diluir los costes en un periodo de tiempo sustancialmente largo, añade Sergi Jiménez-Martín.
"El conflicto se encuentra en la generación intermedia que ha contribuido durante años al sistema y le queda poco tiempo para aportar a su fondo individual de pensiones", afirma Gregorio Izquierdo. Si se modificara el sistema, ?los jóvenes tendrán que financiar la jubilación de los pensionistas", pero se deberían garantizar también las suyas aunque éstas serían menores.
El Estado debería fijar unas pensiones mínimas para los nuevos cotizantes, es decir, los futuros pensionistas, "que acudirían a un sistema complementario que mejore su pensión futura" , añade Izquierdo.
Puede resultar un tanto injusto para las jóvenes generaciones ese periodo de transición, ya que estarán garantizando las pensiones de los jubilados y no recibirán en un futuro una pensión proporcional a lo que ellos han cotizado, que sí la recibirían en el actual sistema de reparto.
Sin embargo, aunque no se modifique el sistema y sigamos con uno de reparto, la obligación de pago de los jóvenes se incrementará con creces. Si para 2050 el número de pensiones habrá pasado de los ocho millones actuales a los 15 millones, mientras el número de trabajadores continuará en torno a los 22 millones, los trabajadores tendrán que aportar mucho más al sistema, bien sea con cotizaciones o con impuestos, y recibirán mucho menos en el futuro.
"Estamos sobrecargando demasiado el futuro de los jóvenes. No sólo por la deuda explícita -que para este año se prevé que se sitúe en torno al 64 por ciento del PIB- sino por la implícita. Ésta, por ejemplo, se encuentra en las pensiones devengadas, que representan aproximadamente un 150 por ciento del PIB. Es un volumen de carga muy
alto", advierte Gregorio Izquierdo.
En Chile para financiar el coste de la transición, el Gobierno utilizó cinco métodos: emitió nuevos bonos del Estado para reconocer explícitamente el coste de la deuda implícita del sistema de reparto; privatizó empresas públicas; mantuvo una fracción de la cotización salarial como impuesto temporal, que ya ha desaparecido; redujo el gasto público y aumentó los ingresos al reformar el mercado y privatizar las pensiones.
Pero además la transición fue de forma gradual, la adhesión al nuevo modelo tan sólo fue obligatoria para los nuevos trabajadores. Los que ya estaban trabajando podían elegir sumarse al sistema de capitalización o quedarse el de reparto. Para los que decidieron abandonar el régimen de pensiones de reparto, el Estado les entregó unos bonos de reconocimiento de su contribución al sistema, que el Ejecutivo tendrá que amortizar cuando se jubilen.
Capitalizar o no capitalizar
"No está muy claro que la solución del sistema de pensiones sea capitalizar o no capitalizar?, afirma Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE Business School.
En opinión de Federico Durán, catedrático deDerecho del Trabajo y socio de Garrigues, "el sistema de reparto es sostenible siempre que sea objeto de acomodaciones realistas y de una reflexión continua".
La clave de la sostenibilidad del sistema se encuentra en cómo se organiza el reparto. Díaz-Giménez aporta una crítica al actual sistema que es compartida por la mayoría de los expertos y es que "el problema se encuentra en que si el reparto se hace con una prestación indefinida lo que se deba a los pensionistas no se corresponde con lo que se ingresa. Hay que hacer una correspondencia más estricta con lo que contribuímos y lo que damos a los pensionistas".
"El sistema sería sostenible si cada año repartiéramos en pensiones lo que recaudamos?, señala el profesor del IESE. Pero el actual sistema de reparto no funciona así. Los trabajadores van creando el derecho de recibir una pensión conforme van cotizando.
El problema se encuentra en que el sistema utiliza unos criterios demasiado generosos para calcular las cuantías de las pensiones. "Generosidad que tan sólo se debería emplear a otorgar ayudas a aquellos que no tienen recursos y que se financiarían a través de los complementos a mínimos", afirma Gregorio Izquierdo. Pero eso sí, dichos complementos no se deberán sufragar con cotizaciones. A juicio de Barea, "si el Estado quiere asumirlo que lo pague con Presupuestos".
Respecto a las pensiones contributivas es necesario alargar el periodo laboral con el que se computa la cuantía de la pensión para que progresivamente se extienda a toda la vida laboral, según coinciden los expertos. Esto provocaría que la cuantía de las pensiones no fuese tan elevada de forma generalizada, sino que se equiparara exactamente a las cotizaciones que se han aportado. A partir de ahí "hay que confiar en instrumentos complementarios", señala Federido Durán, para mejorar la cuantía de las pensiones.
La transparencia, fundamental
"Hay muchas opciones de hacer reformas sin necesidad de transitar a un sistema de capitalización, por ejemplo está el caso de Suecia, señala Sergi Jiménez-Martín.
El modelo sueco otorga una gran importancia a la transparencia. Es un sistema de reparto, en el que se recibe información constante sobre el dinero que has aportado y el que recibirás en el futuro. Se podría
decir que se organiza por cuentas individuales, pero tan sólo para calcular los derechos de devengo de la pensión, porque los ingresos siguen formando un fondo común.
Según apunta Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, "es esencial que la gestión del sistema sea transparente". Actualmente existe una incertidumbre abismal sobre el futuro de las pensiones de los trabajadores y cotizantes de hoy.
¿Cómo vamos a poder mantener el nivel de vida de los jubilados si su número va notablemente en aumento? Para Javier Díaz-Giménez, "no se podrá pagar las pensiones de forma independiente al cargo a Presupuesto del Estado. El reparto o el no reparto no cambia en nada la esencia de las pensiones.Con el valor de los trabajadores vivimos
todos".
El Grupo de los 100 y la reformar las pensiones
