La Comisión Europea ha decidido este jueves pedir al Tribunal de Justicia que multe a España por incumplir una sentencia de 2002 que obligaba a las autoridades españolas a recuperar unas ayudas consideradas ilegales concedidas al grupo Magefesa.
BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha decidido este jueves pedir al Tribunal de Justicia que multe a España por incumplir una sentencia de 2002 que obligaba a las autoridades españolas a recuperar unas ayudas consideradas ilegales concedidas al grupo Magefesa.
En concreto, pide imponer una multa coercitiva de 131.136 euros por cada día transcurrido después de la segunda sentencia hasta que acabe la infracción, y una suma a tanto alzado calculada a partir de 14.343 euros por cada día transcurrido entre la sentencia del Tribunal de 2002 y la segunda sentencia. La CE espera que estos pagos sirvan de estímulo para garantizar que la ayuda ilegal de las filiales de Magefesa se recupere rápidamente.
La decisión inicial de la Comisión se remonta a 1989 cuando estableció que los préstamos en condiciones distintas de las del mercado, las subvenciones no reembolsables y las bonificaciones concedidas a Migasa, Gursa, Cunosa e Indosa, filiales del grupo español de electrodomésticos Magefesa, no se ajustaban a las normas de la UE sobre ayudas estatales y reclamó a España que recuperara la ayuda ilegal.
El Tribunal confirmó el punto de vista de la Comisión en 2002 y aunque considera que se ha recuperado la ayuda de tres de las filiales anteriores del grupo Magefesa, no se ha hecho respecto a Indosa ni de CMD. Por eso, el año pasado, Bruselas puso en marcha un procedimiento de infracción formal por incumplimiento de la sentencia de 2002.
La propuesta de multar a España tiene en cuenta la gravedad de la infracción, el largo período transcurrido desde la anterior sentencia del Tribunal y la situación del Estado miembro.
En los últimos diez años la Comisión declaró ilegales aproximadamente 12.000 millones de euros de subvenciones, de los cuales cerca del 90 % han sido recuperados por los Estados miembros y devueltos a sus presupuestos.
En el caso de las empresas que desaparecieron se espera de los Estados miembros que hagan todos los esfuerzos posibles para recuperar la ayuda, incluso presentando demandas como cualquier otro acreedor.
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