La Comisión Europea acaba de adoptar una batería de seis propuestas legislativas para reforzar la coordinación de las políticas económicas de los 27 países de la UE. Los objetivos son intentar evitar que vuelvan a incurrir en déficits y deudas excesivas, y empujarlos a reformar sus economías para que sean competitivas y no generen burbujas como la del ladrillo en España.
Los ministros europeos de Economía y Finanzas negocian los aspectos generales de estas iniciativas desde la pasada primavera. Pero la negociación hasta ahora ha fracasado a la hora de concretar el refuerzo de las sanciones contra los Estados que incumplan. Bruselas intenta impulsar un acuerdo que espera comience a aplicarse el año que viene en Eurolandia: el grupo de los 16 países (17 a partir de enero de 2011) que comparten el euro como moneda única. La aplicación al conjunto de los 27 países de la UE podría demorarse hasta 2014, aunque Reino Unido probablemente quede al margen.
Las propuestas son las siguientes:
1. Reforzar las sanciones
Las reglas de la UE permiten imponer multas e incluso congelar la entrega de fondos comunitarios a los países de la zona euro que incurran en déficits públicos superiores al 3% de su producto interior bruto (PIB). Pero estas sanciones están escasamente articuladas y nunca han sido aplicadas. De hecho, cuando en el año 2003 las todopoderosas Alemania y Francia iban camino de recibir tales multas, bloquearon las decisiones y forzaron una flexibilización posterior de las reglas.
La intención ahora es reforzar las multas y anticiparlas. No habría que esperar a que el déficit de un país supere el 3% de su PIB, la UE podría sancionarlo si va camino de hacerlo y se niega a adoptar medidas correctoras. Y para que las muy influyentes Berlín y París no puedan paralizar el proceso con tanta facilidad, Bruselas propone que sea casi automático: si ahora el Ejecutivo comunitario propusiera sancionar a un país, debería ser respaldado por la mayoría de los Estados del club; pero si cuaja su plan de reforma, la sanción se aplicaría sin necesidad del apoyo de los Estados, salvo que estos reúnan una mayoría cualificada para frenarla.
Bruselas podría imponer a los países incumplidores un depósito sin devengo de intereses equivalente al 0,2% de su PIB. Depósito que se convertirá en una multa si el Gobierno en cuestión no acepta las recomendaciones de la UE para corregir el déficit excesivo. Tal depósito se nutriría de las ayudas de la UE a tal país, que en vez de serle entregadas le serían primero retenidas y, si el incumplimiento persiste, suprimidas.
2. Más vigilancia de la deuda
La obligación de que la deuda pública de los Estados no superara el 60% de su PIB había sido teórica hasta la fecha. Y si no que se lo digan a países como Bélgica (99%), Italia (115%) o Grecia (124%).
Bruselas propone ahora que los Estados cuya deuda exceda del 60% de su PIB estén obligados a cumplir objetivos anuales cuantificados de reducción. De lo contrario, también podrían ser sancionados.
3 Vigilar las burbujas y la pérdida de competitividad
Bruselas propone crear el procedimiento de desequilibrio excesivo. Se trata de crear un cuadro de indicadores con los que evaluar si los problemas incubados en algún Estado amenazan con desestabilizar al resto. En tal caso, el país tendría que presentar un plan de medidas correctoras y someterse a las recomendaciones de la UE.
Si un Estado de la zona euro incumple repetidamente las recomendaciones de la UE para subsanar sus desequilibrios excesivos, Bruselas podrá imponerle una multa anual equivalente al 0,1% de su PIB. Multa que sólo quedará anulada si vota en su contra una mayoría cualificada de Estados del euro.
La lista de indicadores podría estar formada por el balance por cuenta corriente; posiciones netas de activos en el exterior; tipo efectivo de cambio real basado en los costes salariales unitarios; tipo efectivo de cambio real basado en el deflactor del producto interior bruto (PIB); precios de la vivienda; deuda del Gobierno; y ratio de crédito al sector privado como porcentaje del PIB.
Los indicadores parecen seleccionados a medida de crisis como las que están sufriendo en la actualidad España o Irlanda, por lo que no es de extrañar que el Gobierno española se haya manigestado en contra. En el caso español, la acumulación de déficit por cuenta corriente, la burbuja inmobiliaria, y los aumentos salariales por encima de los incrementos de la productividad han dado al traste con el empleo y la buena racha de superávits presupuestarios y reducción de la deuda pública, a juicio de los responsables comunitarios. Además, la de nuestro país es la última gran economía de la UE en salir de datos negativos en la evolución trimestral del PIB.
Bruselas endurece las sanciones por Grecia
