
España podría recaudar entre 490 y 1.905 millones de euros al año si impusiera un nuevo impuesto sobre cajas y bancos, según un informe de la Comisión Europea. La horquilla entre ambos montantes se debe a que la recaudación variaría en función de si la base imponible elegida son los riesgos asumidos por las entidades, o si el nuevo impuesto se aplica sobre los beneficios y las remuneraciones. El tipo impositivo sería del 5% y el cálculo está realizado con datos del año 2008.
Si, en el lugar de la banca, en el punto de mira estuvieran las transacciones financieras con bonos y acciones en la bolsa española, a los que se aplicaría un tipo impositivo del 0,1%, la recaudación sería de unos 4.566 millones de euros: 1.311 millones provenientes del mercado de acciones y 3.255, del de bonos.
No hay datos sobre cuánto se elevaría la recaudación si, además, se gravaran las operaciones con derivados; lo que sería más complejo y, por otra parte, son transacciones que en una abrumadora mayoría de los casos se producen en Londres: fuera del alcance recaudatorio del Estado español.
La UE intenta coordinarse
Los ministros de Economía y Finanzas de los 27 países de la UE debaten este martes si impulsar de manera coordinada en el bloque comunitario e, incluso, en el conjunto de la escena mundial la instauración de un impuesto sobre la banca (sobre sus beneficios, remuneraciones, riesgos, etcétera), y una especie de tasa Tobin sobre las transacciones financieras (ventas de bonos, de acciones, de derivados, etcétera). El objetivo es hacer pagar al sector financiero por la crisis que ha causado y engrosar las vacías arcas públicas del Viejo Continente.
El debate también está abierto en el G-20: el grupo de los países más ricos del planeta y las economías emergentes más prometedoras. La intención del debate es identificar si existe voluntad política para desarollar la iniciativa, antes de analizar su viabilidad y su legalidad. Son impuestos que podrían ser puenteados si su aplicación no es global, y que podrían chocar con la legislación comunitaria y las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En paralelo, Bruselas también tiene previsto presentar el año que viene una propuesta legislativa para imponer tasas a bancos y cajas, con las que se alimentaría una red europea de fondos nacionales de resolución de crisis bancarias. Fondos cuyos recursos se destinarían a liquidar de manera organizada entidades en apuros sin tener que recurrir al dinero de los contribuyentes.
Nada de aplicar el IVA a la banca
Lo que parece fuera del debate actual en Bruselas es acabar con la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que se aplica al sector financiero. La prioridad es ahora aumentar la recaudación para reducir el déficit y la deuda pública.
La aplicación del IVA facilitaría que la banca pudiera deducir el impuesto pagado sobre el consumo, y según los cálculos existentes el efecto sería positivo para el sector pero negativo para las arcas públicas.