"Estoy muy a gusto entre los mineros y acudiré muchos años más a Rodiezmo". Así de exultante se mostró el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Debate de la Nación con respecto a la fiesta minera de la localidad leonesa donde desde hace una década se abre el curso político. Pero algo se torció.
Llegó el punto álgido de la crisis económica y los drásticos recortes decretados desde el Ejecutivo han derivado en una huelga general para el 29 de septiembre. ¿El resultado? Zapatero parece que ya no se encontraría tan feliz con los mineros y mucho menos con los sindicatos en esta cita que es organizada por SOMA-FIA-UGT y que se celebra este próximo domingo.
Así, será el sector minero quien pagará las consecuencias, al ver un plantón ya no sólo en el discurso político del Ejecutivo, sino también que el abandono será escenificado en esta ocasión. Con todo, el futuro de la minería pinta bastante desolador, ya que el sector ha sufrido un duro golpe ante el impago del salario de los 2.500 trabajadores de los Grupos Alonso y Fernández Viloria, que están sin cobrar desde julio y tampoco recibirán la mensualidad de septiembre.
Los mineros dejan de cobrar
Las empresas han adoptado esta drástica medida como forma de presión al Gobierno para que comience a aplicarse el Real Decreto para incentivar el consumo de carbón nacional y obligar a las eléctricas a quemar este mineral. Pero la norma, cuya aprobación estaba prevista para el pasado mes de diciembre, está entrampada en Bruselas.
La dirección de Competencia en la Comisión Europea tiene algunas reticencias sobre esta solución que ha impulsado el Ejecutivo español para paliar la caída de la demanda del carbón nacional, que ha sufrido un desplome por el menor consumo de electricidad debido a la recesión económica y porque en su lugar, las eléctricas se han decantado por el gas natural y el carbón importado, que es más barato y menos contaminante.
Para hacer frente a este retraso, el Gobierno aprobó un almacén temporal de carbón, de forma que la empresa estatal Hunosa tendría que comprar la producción de las minas hasta que se aprobara la norma. Como consecuencia de la demora el Ejecutivo ha tenido que aprobar varias prórrogas para la compra de este mineral con fondos públicos a las empresas privadas para que no cumplieran su amenaza de dejar de pagar los salarios.
De momento, ya se han comprado tres millones de toneladas y las eléctricas se quejan de que ya no hay más espacio para seguir acumulando el mineral.
Pero las medidas del Ejecutivo han sido insuficientes. Desde las empresas de Victorino Alonso y Viloria aseguran que para hacer frente a las nóminas y a sus obligaciones de pago de julio y agosto es necesario por parte de Hunosa de un mes de producción, y de otro mes y medio en breve plazo.
En total, unos 150 millones, muy alejados de los 28 millones previstos por el Gobierno. Estos grupos aseguran que la decisión de dejar de pagar los salarios es por la falta de liquidez que sufren y cifran en 300 millones de euros la cantidad que han dejado de ingresar, ya que desde febrero no han podido dar salida al carbón que producen.
Comienzan las movilizaciones
Con todo, los mineros han declarado la guerra, tras unos años pacíficos con el Gobierno de Zapatero, donde quedaron lejanos la quema de neumáticos y los cortes de las carreteras. Ayer mismo comenzaron las movilizaciones en Asturias y León, con cortes en la A-6 a la altura de la localidad leonesa de Bembibre y en los accesos a las centrales de carbón para evitar el traslado de carbón que acumula la empresa estatal Hunosa en los parques de estas plantas hasta que el decreto del mineral sea aprobado.
Todas estas acciones se prolongarán hasta la próxima semana si no se asegura el pago de las nóminas de estos trabajadores.
Asimismo, los agentes sociales han solicitado al Gobierno la convocatoria de una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón y si no tienen una respuesta se anunciarán medidas más drásticas aún que las llevadas a cabo hasta la fecha.
Estas movilizaciones en Asturias y Castilla y León se suman a las convocadas en la cuenca minera del Alto Aragón, que comenzarán hoy con una manifestación que recorrerá las calles de Andorra (Teruel) y con el inicio de un encierro indefinido en el ayuntamiento de Ariño, en el que participarán trabajadores y sindicalistas. La protesta, convocada por FIA-UGT y CCOO, se prolongará hasta que la UE dé el visto bueno al decreto que incentivará el consumo de carbón nacional.
Desde los sindicatos CCOO y UGT lamentan que se haya tenido que volver a esta situación, dado que durante las dos legislaturas de Zapatero se habían logrado dos buenos acuerdos con los dos planes consecutivos para el carbón nacional. En varias ocasiones, Zapatero tuvo palabras de elogio para este sector y reiteradamente ha presumido de sus raíces leonesas, algo que también ha servido de regocijo para los mineros.
Tal vez, por ese mismo motivo ahora ven la situación más negativa que nunca y de cara a este encuentro surgen los disturbios por parte de los mineros, ya que el mandatario que más les ha apoyado les da la espalda y no acude al encuentro anual donde se solía anunciar la subida de las pensiones. Sin embargo, este año lejos de subidas los recortes y reformas ciernen sobre cualquier política social.
La ausencia de Zapatero escenifica ahora una huida de un sector que para Bruselas tiene los días contados. Hace poco más de un mes, el comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, anunció un nuevo reglamento que contempla cerrar las minas en 2014. "Las empresas tienen que ser viables sin subvenciones", apuntó Almunia, después de que la Comisión Europea prorrogara tan sólo cuatro años más las subvenciones a las minas hulleras deficitarias.
La postura anunciada por la CE que debe ser ratificada por el Consejo de Ministros de Energía supondrá "una sangría de desempleos" y el fin de las comarcas mineras, según Carbunión, la patronal del sector.
Además, desde el sector del gas y las eléctricas se ha hecho una campaña de desprestigio al carbón y han dispensado duras alegaciones a esta norma e incluso han recurrido ante el Tribunal Supremo este decreto que ha tenido que ser modificado porque la Comisión Europea rechazó la primera versión, donde se contemplaba un mecanismo de compensación para las tecnologías que tuvieran que salir del mercado para dar prioridad al carbón. Tampoco la Comisión Nacional de la Energía o la de Competencia se quedaron atrás en sus críticas. Con todo, futuro del sector minero está más manchado y negro que nunca.
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