El grifo del crédito no fluye para todos igual ni tampoco con la misma intensidad. Mientras que los préstamos que recibieron las Administraciones Públicas se elevaron un 24 por ciento durante los seis primeros meses del año, durante ese mismo periodo el sector privado vio como caía el 0,16 por ciento, según los últimos datos del Banco de España.
Las cooperativas son las entidades que más han abierto ese grifo. Los datos publicados por la institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reflejan que la exposición de éstas con los organismos locales y regionales se ha ampliado desde junio del ejercicio pasado más de un 55 por ciento.
Las cifras en el caso de las cajas de ahorros tampoco son despreciables, que apuntan un incremento de estos créditos de casi el 26 por ciento. Cabe resaltar la relación especial de estas instituciones con ayuntamientos y comunidades autónomas. Los gobiernos regionales tutelan a estas entidades y sus consejos de administración están controlados por sus representantes.
Los bancos, sin ningún tipo de vínculo de estas características, también aumentaron el saldo en proporciones ligeramente inferiores, de un 22 por ciento.
En conjunto la deuda financiera de las administraciones asciende a los 71.322 millones de euros. En los últimos doce meses, las entidades financieras han aportado 13.740 millones de euros en nuevos créditos.
En cambio, los préstamos para financiar a las familias y las empresas en términos absolutos ha caído en 3.000 millones de euros entre junio del año pasado y junio del presente ejercicio. Las cooperativas son las únicas entidades que han mantenido en positivo la variación de esta partida. En concreto, han concedido 1.041 millones en préstamos, lo que eleva el montante total en un 1 por ciento. Los bancos y las cajas han reducido el volumen.
El papel del ICO
Tanto las Administraciones como las empresas cuentan con otras instituciones para lograr financiación. El ICO es una de ellas. El Gobierno intenta fomentar el uso de sus líneas. Pero éstas no terminan de despegar para las compañías, ya créditos de este organismo que en el último año aumentan en 920 millones, un 5,85 por ciento. Lo contrario sucede en los préstamos para los administraciones que se elevan en 564 millones, un 34 por ciento.
Pese a todo, las dificultades económicas por las que atraviesan los ayuntamientos -más de uno ha tenido que suspender sus fiestas patronales este verano por falta de dinero- han disparado la morosidad de las Administraciones Públicas con las entidades financieras.
A diferencia del comportamiento registrado en el sector de empresas y familias, en el que la banca ha logrado controlar en el último año la entrada de créditos impagados, en el segmento de municipios, diputaciones provinciales y comunidades autónomas las insolvencias se han desbocado.
Pese a la demora superior a los tres meses que presentan estos organismos, entre junio de 2009 y junio de 2010 los préstamos concedidos se elevaron un 63 por ciento.
Según fuentes del sector, este crecimiento obedece a la cantidad de localidades que están incumpliendo con sus obligaciones financieras debido al maltrecho estado de sus arcas, tras el desplome de sus ingresos por el hundimiento inmobiliario.
El volumen de los créditos de dudoso cobro de las Administraciones Públicas alcanza los 215 millones de euros. Aunque la cifra es baja si se compara con la procedente del sector privado, lo más destacable es la velocidad de crucero que ha tomado en los últimos doce meses, periodo en el que la mora de las empresas y los hogares con bancos y cajas de ahorros redujo su ritmo de crecimiento.
Pese a este comportamiento dispar, las entidades continúan ofreciendo financiación mientras han cortado las líneas crediticias a las compañías, principalmente pymes, y a los hogares.
Una deuda creciente
Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, referidos al 31 de diciembre de 2009, las corporaciones locales tenían una deuda viva de 34.595 millones de euros, de los que 28.770 millones corresponden a los ayuntamientos y los restantes 5.825 millones a diputaciones, consejos insulares y cabildos insulares.
Esta deuda incluye las obligaciones de las entidades en valores de renta fija, créditos financieros y préstamos y créditos transferidos a terceros.
La Diputación Foral de Vizcaya es la entidad provincial que mantiene una deuda más elevada, cifrada en 758 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid es el más endeudado, con 6.776 millones de euros al concluir el año pasado.
A esta precaria situación de endeudamiento hay que añadir 1.500 millones de euros que los municipios deben de devolver a Hacienda porque corresponden a excesos de anticipos a cuenta de los impuestos que reciben del Estado. La cifra corresponde a la liquidación de 2008, ya que se efectúan las liquidaciones con dos años de retraso. Esos 1.500 millones de euros deben ser devueltos en 60 plazos mensuales; es decir, cinco años a partir de enero de 2011.
El problema es que la liquidación de los impuestos de 2009 ( y ocasionalmente la de 2010) también estará muy excedida a favor de las corporaciones locales, ya que el Gobierno hizo unas previsiones de recaudación que no consideraban ni de lejos la profundidad de la crisis y la caída de las recaudaciones fueron, por ejemplo, del 30 por ciento en el IVA (el Gobierno cosechó un déficit del 11,3 por ciento en ese ejercicio). No es descabellado el cálculo de 3.500 millones de euros como devolución aplicable al ejercicio de 2009.
Esta situación se agravará si antes el mes de enero no se cambia la disposición del Gobierno central que obliga a los municipios a liquidar sus deudas corrientes de tesorería y además les limita las posibilidades de endeudamiento a largo plazo.
La Federación de Municipios tratará de remover esa disposición, en vista de que, según adelantó el vicepresidente Manuel Chaves, la necesaria y urgente reforma del sistema de financiación local no se discutirá, por lo menos, hasta el segundo semestre de 2011.
Cataluña logra un crédito de 1.000 millones
