
El ministro de Fomento, José Blanco, ha soltado la serpiente de verano económica, la subida de los impuestos, vinculándola a la necesidad de proveer infraestructuras, servicios y prestaciones que de otra manera no serán posibles.
El argumento de fuerza de Blanco ha sido que los españoles pagan menos impuestos que los demás europeos, afirmación que elEconomista demostró ayer como, al menos, arriesgada. Hoy hemos recurrido a la opinión autorizada de quien representa a los economistas españoles a través de la presidencia del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentí Pich i Rosell.
Plantear la subida de impuestos como lo ha hecho el ministro de Fomento, en términos de o impuestos o servicios públicos, ¿no es un chantaje emocional?
Lo primero que hay que señalar es una realidad que se da ya desde hace más de seis meses en España. Son subidas de impuestos la retirada del cheque bebé, la eliminación casi total de la deducción de 400 euros, la subida superior al 10% del IVA, la subida de las rentas del ahorro, los impuestos especiales... Además, multitud de ayuntamientos han subido el IBI y han establecido nuevas tasas, y las comunidades autónomas han subido el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y han anunciado elevaciones en el tramo autonómico del IRPF.
En este contexto, hablar de subir los impuestos a futuro es redundar en las subidas. Sin embargo hay que reconocer al ministro de Fomento la valentía de decirlo, independientemente de estar o no de acuerdo con ello.
Con ese relato de subidas que acaba de hacer, ¿no es demasiado volver a hablar de subir impuestos?
La intervención del ministro Blanco, al menos, abre un debate sobre los impuestos. Siempre es mejor que se debata, que una subida imprevista y a escondidas. El debate requiere un cierto relato sobre qué sector público se quiere y cómo debe funcionar. Su problema como ministro de Fomento es que se encuentra en una situación muy difícil y ya lleva tiempo planteando iniciativas, como la euroviñeta para los transportistas, porque su departamento ni siquiera puede mantener las infraestructuras sin nuevos recursos.
Entonces, ¿es inevitable la subida?
Mi respuesta es que sí, que es inevitable. Ante la rebaja de la recaudación enorme que se ha producido, las dificultades financieras internacionales para financiar los déficits, cuyo 70% o más, según el Banco de España, es estructural, me parece que se plantea en términos de inevitable y, además, urgente.
Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de tocar cada una de las figuras impositivas?
La urgencia de recaudar limita la capacidad de maniobra. Para recaudar rápidamente o se actúa nuevamente sobre el IVA o los impuestos especiales o se actúa sobre el IRPF porque, con el sistema de retenciones a cuenta en las nóminas, el efecto recaudatorio es inmediato.
Cada una de estas decisiones tiene sus consecuencias negativas. El IVA retrae el consumo de las familias y, además, tiene una repercusión sobre las clases populares. El de renta perjudica a las clases medias y, además, incentiva el fraude; y los especiales pueden tener una gran incidencia en la competitividad de nuestra primera industria nacional, que es la actividad turística.
¿Hay impuestos que son peores que otros en la coyuntura actual o todos son negativos?
Todas las subidas tienen de inmediato un efecto perverso, que incitan o hacen más rentable intentar el fraude. Y lo peor que podría pasar es que los agentes económicos dediquen su tiempo a ver cómo se zafan de los impuestos en lugar de trabajar. Por otro lado, ya sabemos que las subidas nominales de impuestos no incrementan automáticamente la recaudación de manera proporcional y, por si fuera poco, desincentivan la inversión y perjudican a la economía formal y favorecen la informal.
Hasta ahora estábamos instalados en el ajuste por la vía del gasto. ¿Está agotada esta vía para tener que recurrir a elevar los impuestos?
La cuestión es que tenemos un sector público sobredimensionado y no hay datos que apunten a un cambio profundo del modelo. Hay administraciones que hacen las mismas cosas y la eficiencia en el gasto público es cuestionable. Y frente a lo que se hace en una familia o en una empresa en una situación de crisis, los gobiernos tienen la capacidad de ampliar sus ingresos con los impuestos. Y ése es, realmente, el peligro.