El barómetro fiscal del año 2009, elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (Ief), revela que el fraude fiscal es una práctica ampliamente aceptada en la sociedad en estos momentos. En concreto, el estudio que publicó ayer el Ministerio de Economía y Hacienda desvela que el 43 por ciento de los españoles justifica el fraude en tiempos de crisis, bien porque la situación hace que sea obligatorio para salir adelante (34 por ciento) o bien porque es una práctica normal (9 por ciento).
Este nivel de aceptación del fraude fiscal es la cúspide de una racha ascendente que comenzó en el año 2003 y que ha continuado creciendo desde entonces a excepción del año 2008.
De la encuesta realizada a cinco colectivos, empresarios, profesionales liberales, agricultores, trabajadores asalariados y parados, se extrae que los dos primeros son los que se muestran más proclives a justificar la evasión de impuestos, con un 50 y un 48 por ciento de apoyo respectivamente.
Los empresarios son, además, los que más conviven con el fraude fiscal según ellos mismos, ya que uno de cada tres cree que son el segmento de la población que más defrauda. Pero esta opinión es más acusada entre el resto de los españoles, ya que son un 47 por ciento los que consideran que los empresarios son los que más incumplen con Hacienda, cuyo responsable es el secretario de Estado, Carlos Ocaña.
Desde la llegada de la crisis, la evasión de impuestos se ha convertido en una práctica más recurrida y más aceptada por la ciudadanía. El 52 por ciento de la población considera que el grado de cumplimiento fiscal ha empeorado en la última década.
No obstante, los entrevistados tienen concepciones distintas de cuáles son los motivos por los que prolifera el fraude. Las causas más mencionadas son la impunidad de los defraudadores, la falta de conciencia cívica y los impuestos excesivos.
Los españoles son cada vez más conscientes de la existencia de esta conducta. Así, la mitad de los encuestados considera que el fraude fiscal es una práctica generalizada entre los contribuyentes.
Se trata, por tanto, del nivel de desconfianza más alto desde 2003. El colectivo más criticado es el de los empresarios, seguido por los profesionales liberales y los autónomos, ya que se cree que para éstos es más sencillo puesto que sus actividades están menos controladas.
