BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
El pleno del Parlamento de Catalunya dio hoy luz verde a la tramitación de la reforma de ley catalana de cajas con el voto de todos los grupos parlamentarios, aunque CiU, ERC y PP anunciaron la presentación de enmiendas parciales.
Todos los grupos defendieron las bondades del sistema catalán de cajas de ahorros y dieron por buena reforma, excepto ERC que consideró que la reforma "se queda corta" y anunció enmiendas de calado en los aspectos referentes al ámbito de aplicación de la ley, la representatividad en los órganos de gobierno y la definición de la obra social.
Ningún grupo objetó la ampliación de cuatro a seis años del mandato de los presidentes y consejerosde las entidades financieras, que permitirá a Ricard Fornesa prorrogar la presidencia en 'la Caixa' dos años más a partir de 2007.
"RETOQUES" ANTES DE VER SI SE NECESITA UNA REFORMA "A FONDO".
El conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, defendió los "retoques" en la normativa --12 artículos y cuatro disposiciones-- con el objetivo de "preservar" y "potenciar" el modelo de cajas catalán y dotarlo de "estabilidad", principalmente en sus órganos de gobierno.
Asimismo, destacó el fomento de la "autorregulación" de las entidades financieras catalanas y la "voluntad de consenso" entre administración y cajas y confió en que se reproduzca entre los grupos parlamentarios. Castells añadió que al margen de esta modificación, corresponde al Gobierno y el Parlament, una vez aprobado el Estatut, decidir "hasta qué punto es necesario o no introducir reformas más a fondo".
Desde las filas de CiU, Antoni Fernández Teixidó defendió la reforma para "consolidar" un modelo de cajas que diferencia Catalunya "de otros modelos" en España y que "huye del intervencionismo", aunque aseguró "tener la impresión de que ésta no ha sido la norma de conducta del Gobierno".
CiU defendió una "mejora" de la ley en el futuro, aunque dio por bueno el proyecto del Ejecutivo catalán al que presentarán enmiendas para precisar "mucho" el carácter no ejecutivo de la función del presidente, así como el carácter honorífico y gratuito del cargo de conseller. También se planteará detallar más la obra social y la representación de las fundaciones. Desde el PP se anunció un paquete de enmiendas "técnicas y en positivo", ya que el modelo de cajas catalán se considera "bueno".
ERC PIDE MÁS CAMBIOS.
De mayor calado serán las enmiendas anunciadas por el diputado de ERC, Sergi de los Rios, quien consideró "positivo" el proyecto, pese a lamentar que "se queda corto" respecto a los compromisos del Pacto del Tinell.
Así, ERC presentará enmiendas en cuatro ámbitos referentes a la definición de las cajas y el ámbito de aplicación de la ley, la representatividad de los órganos de gobierno, la transparencia y la definición de la obra social. Desde ICV se reclamó "responsabilidad y coherencia" a ERC y le instó a apoyar la ley forjada con los republicanos en el Gobierno de la Generalitat, "a no ser que su ideología haya cambiado en cuatro días".
De los Rios anunció enmiendas para que la ley catalana de cajas sea de aplicación a las entidades con domicilio social en Catalunya, pero también sobre las que actúan en territorio catalán. Además, se planteará que el Parlament sea institución representada en las asambleas generales, con el objetivo de asegurar una "representación de la realidad política del país". En materia de transparencia, ERC aboga por la regulación concreta de la figura del defensor del cliente, y se relcamará una "concreción en la definición del destino de los recursos de la obra social.
ALARGAR LOS MANDATOS.
La reforma, que ha sido pactada con la Federación Catalana de Cajas, introduce como novedad el hecho de que los presidentes puedan alargar sus mandatos de cuatro a seis años, en línea con la normativa estatal. Según Castells, esta decisión va en favor de la "estabilidad" de la globalidad del sistema, "sobre todo en lo referente a sus máximos representantes". La entrada en vigor de esta medida se establece para cuando se acaben los actuales mandatos, a excepción que las propias entidades, haciendo uso de su autonomía de gestión decidan ampliar el actual mandato.
El proyecto pretende reforzar el modelo catalán de cajas, por lo que por primera vez se delimitan las "funciones" de los presidentes de estas entidades, que se circunscribirán únicamente a ejercer de "máximos representantes de la institución y presidentes del consejo de administración". Además, se establece, también por primera vez, que la entidad pueda decidir que el cargo de presidente esté retribuida, de tal forma que no tenga porque compatibilizar sus funciones con la participación en órganos de gobiernos de otras empresas.
Como gran novedad, la norma establece que las cajas destinen obligatoriamente una parte "equilibrada y significativa" de sus resultados --una vez descontadas las reservas-- a obra social. La reforma no establece una cantidad mínima o máxima y será la Generalitat, en ejercicio de sus funciones de protectado, la que acordará con cada entidad el establecimiento concreto de una cantidad.
REPRESENTATIVIDAD Y FUNDACIONES.
La nueva normativa obligará a las cajas a nombrar para sus órganos de gobierno exclusivamente a entidades "con representatividad social y económica en el territorio", frente a la indefinición de la actual ley. Estas entidades tienen por derecho ahora el 30% de la representatividad en los órganos de gobierno, frente al 40% de los impositores, el 20% de los trabajadores y el 10% del gobierno local, porcentajes que no se alterarán. El objetivo es evitar que entidades que nada tienen que ver con el mundo económico del territorio donde opere la caja tengan un puesto reservado como consejeros en la asamblea o vocales en el consejo de administración.
La ley plantea limitaciones a la figura de las fundaciones gestoras de la obra social, para que no realicen una actividad distinta a ésta, con el fin de que no se desnaturalicen o no cumplan con sus fines. Entre las novedades destaca la potestad de las entidades para fijar el importe de las dietas que percibirán consejeros y vocales, para evitar, como hasta ahora, que este extremo esté fijado por igual para cada entidad por una orden de la Generalitat que data de hace quince años. Por otra parte, se obligará a todos los altos cargos de la entidad, y no sólo los vocales del consejo y consejeros de la comisión de control, como hasta ahora, a figurar en un registro. La finalidad es detectar cualquier error o incumplimiento en el régimen de incompatibilidades.
