Los ayuntamientos no tienen un duro. Al menos 400 consistorios de los 8.112 que hay registrados hace ya mucho tiempo que dejaron de pagar luz, agua, teléfono... El paso siguiente, según fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y el más dramático, será dejar de pagar las nóminas. A finales de 2010, un 30% podría declararse en suspensión de pagos al no poder hacer frente a sus gastos.
Como en Cenicientos, un pequeño municipio de Madrid que hace aguas. Su alcalde, el popular Jesús Manuel Ampuero, lanzó hace una semana una llamada de socorro: "Se me cae la cara de vergüenza saber que mis empleados no van a cobrar su sueldo. Tienen hipotecas, hijos... ¿qué voy a hacer?", dijo el regidor, haciendo alusión a sus 30 empleados y al montante de 60.000 euros en concepto de nóminas de julio que no podrá pagar.
No es el único. La voz de alarma se sucede de norte a sur de la geografía española. No hay un duro y de poco o nada sirve ya apretarse el cinturón. Además, los municipios han advertido que no podrán devolver al Estado los fondos que les adelantó. Ni los más pequeños (muchos de ellos, como es el caso de Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla, ya se han suspendido las fiestas) ni los más grandes, como Alcalá de Henares, en Madrid, que debe reembolsar al Ministerio de Hacienda tres millones de euros.
El pesimismo llega también a Castilla y León. "Estoy seguro de que veremos ayuntamientos en quiebra técnica en la Comunidad en el próximo año", vaticina el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de la región, Miguel Ángel García Nieto. Sin el colchón que ha supuesto el sector inmobiliario para los ayuntamientos y sin una Ley de Financiación Local efectiva, los pueblos, mejor sus gobiernos, se mueren. "No podemos mantenernos. Necesitamos ayuda urgente y el Gobierno debe tomar medidas rápidas", recrimina el alcalde Cenicientos.
De norte a sur
Los casos se suceden. En Andalucía, dos de cada tres ayuntamientos andaluces están al borde de la suspensión de pagos. Según la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), de aquí a unos meses se sucederán una cascada de EREs en los gobiernos municipales. No queda otro remedio. "Son muchos los que ya no pueden pagar sus nóminas y a algunos ya les han cortado el agua", explican fuentes de la FAMP. "Desgraciadamente", dicen en la entidad, no es hablar por hablar.
Los ejemplos se suceden en pocos kilómetros. En Palomares del Río, un municipio sevillano de 5.500 habitantes, hace un año que no hay dinero. La crisis se instaló en junio de 2009, cuando su alcalde colgó en la web municipal un anuncio en el que explicaba que el Ayuntamiento estaba en quiebra.
"Si se tratara de una empresa, se cerraría». Así de gráfico expuso el alcalde de la localidad, Juan Bautista Ginés, la grave situación. Cortes de suministro, suspensión de pagos a proveedores, funcionarios y trabajadores municipales... Ni siquiera los concejales ni el propio regidor cobraron sus sueldos. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria les pilló de lleno y los ingresos derivados de la actividad inmobiliaria cayeron un 96% en el último año, lo que provocó un «tsunami» económico que derivó en una quiebra absoluta.
La situación más grave en Andalucía se da en el Ayuntamiento de Jerez, con 2.600 funcionarios, una plantilla sobredimensionada derivada de la gestión, desde 1979 a 2007, del Partido Andalucista (PA) y el entonces alcalde, Pedro Pacheco. La actual regidora, la socialista Pilar Sánchez, es incapaz de enderezar el rumbo municipal, que está afectando al pago de las nóminas (este mes, junto a la extraordinaria, las retribuciones suman 13 millones de euros), algo que no se normalizará, en función de la respuesta de los bancos, hasta mediados de octubre. Este mes, a los funcionarios jerezanos sólo les ha podido ingresar mil euros de sus nóminas.
Peor aún es la crisis financiera del ayuntamiento del municipio gaditano de Barbate, gobernado también por el PSOE, donde la asamblea de trabajadores decidió ayer endurecer las protestas que vienen realizando desde el pasado día 5 por el impago de la nómina de julio. Los salarios "sin cargas sociales" que adeuda a los más de 300 empleados municipales asciende a 605.000 euros.
Si se tratara de una empresa... Huévar de Aljarafe (Sevilla) debe ocho meses de nóminas; en San Roque (Cádiz), 63 encargadas de la limpieza de los colegios e instalaciones municipales han iniciado un encierro para exigir el pago de los retrasos que no cobran desde junio-; en Sevilla, ni Castilblanco de los Arroyos, Aznalcóllar y Mairena de Aljarafe tendrán sus fiestas patronales. Como reconocen desde la Federación andaluza, "cuando hay familias que sufren la crisis, parece poco acertado que otros disfruten de una fiesta".
Los concejos de Galicia también están en apuros. No sólo no podrán pagar al Estado lo que le deben por la entrega de dinero que les adelantó, sino que tampoco tienen para llegar a fin de mes. Poio (Pontevedra), con una deuda de nueve millones de euros, o Cangas (Pontevedra), con un saldo en negativo de 22 millones de euros, ven difícil recortar gastos. En Chantada, el ayuntamiento lucense ha optado por el leasing para contar con una pala mixta y un camión para acometer obras. Una arrendamiento con opción de compra que, por supuesto, no se formalizará. La caja registradora del Consistorio ya no da para más.
¿Pueden cerrar los Ayuntamientos? En Extremadura, el alcalde de Villafranca de los Barros y miembro de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, Ramón Ropero, lanza el grito al cielo. "Pasamos dificultades, como pasan todas las familias, pero tendremos que apretarnos el cinturón y hacer más con menos", dice, repitiendo la máxima lanzada por el ministro de Fomento, José Blanco.
No obstante, el edil socialista no desaprovechó la oportunidad para reclamar la reforma de la financiación local "más justa". Una demanda que se repite en todos y cada uno de los ayuntamientos, que este año deberán devolver al Estado 1.600 millones de euros que les adelantó en 2009. El sistema no es sencillo: el Estado adelanta los pagos a los municipios. Para ello, calcula su aportación en función de los resultados del año anterior y luego liquida las cuentas con los resultados definitivos. Las cuentas de 2009 han dado a devolver y las de 2010 no auguran cambios en esta tendencia.
Pero para la FEMP, 1.600 millones de euros una cifra imposible de conseguir en un momento tan difícil como el que se vive actualmente, en el que el sector ladrillo, que durante 15 años les ha permitido captar recursos, está agotado. En ese sentido, la Federación ha pedido el aplazamiento hasta 2012 de esta deuda, además que se que acometa con urgencia la reforma de la Ley de Financiación Local. "Hay que esperar en que los gobiernos y la Administración central corrijan pronto el problema" dice en la FEMP.
La burbuja inmobiliaria
Pero de momento, las noticias no son buenas. La depresión económica también ha llegado al Estado, que este año ha asignado una subvención menor a los municipios. Las estimaciones que barajan los alcaldes cifran la rebaja entre un 17 y un 20%. Unos 3.000 millones de euros menos a repartir entre todos los pueblos ya que el Estado fija sus aportaciones en función de los impuestos recaudados (IRPF, IVA y otros tributos especiales). "Es decir, este año hay menos para repartir", dice el alcalde de Villafranca.
Los alcaldes tienen preparadas ya sus peticiones para reformar esta Ley que, en su opinión, se ha quedado vieja. Entre sus exigencias está un reparto más justo de las ayudas del Estado -que suponen el 30% de total de los ingresos de los ayuntamientos- y la tan reclamada participación de los tributos de las Comunidades autónomas (denominados PICAs).
¿Cerrar los Ayuntamientos? Los alcaldes lo tienen claro. Si fuera una empresa cerraría... "Pero es un pueblo. No un negocio", dicen.
Algunos no pueden ni pagar las nóminas
